Obligaban a prostituirse a jóvenes venezolanas y pagar sus cuotas diarias
Se autodenominaban «Los Chamos de la Hacienda San Juan de Lurigancho» y, de acuerdo a las pesquisas policiales, este grupo delictivo operaba al servicio de la temida banda criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua. Las autoridades policiales lograron desmantelar a esta banda que se dedicaba a la trata de mujeres y las explotaba sexualmente.
Se llevó a cabo una operación en dos intersecciones ubicadas en San Juan de Lurigancho: una en la intersección de la avenida Los Jardines Este con la calle Zafiros, y la otra en la intersección entre el jirón La Gravas y la calle Las Orquídeas. En estos lugares se habían establecido áreas conocidas como «plazas», que eran espacios controlados por grupos delictivos para llevar a cabo actividades ilegales, específicamente prostitución ilegal en este caso.
En dichos alrededores fueron arrestados los ciudadanos de Venezuela Alexander Chaparro Medina (28), Jesús Gonzales (21), Jean Carlo Delgado (20) y Luicnelly Moreno (30). Según las autoridades, se cree que esta última tenía la responsabilidad de recolectar pagos de sus objetivos y entregar los fondos a los líderes de la banda conocida como Tren de Aragua, de manera similar a cómo solía hacerlo en el pasado Wanda del Valle Bermúdez Viera, conocida como la «Bebecita del Crimen» o «Wanda».
También puedes leer:
Mientras que, los otros tres individuos se encargaban de transportar, vigilar e intimidar a las mujeres, amenazándolas con violencia si no cumplieron con el pago exigido cada día. Como resultado de esta operación, se modificaron rescatar a seis mujeres venezolanas que estaban obligadas a participar en actividades sexuales contra su voluntad. A estas mujeres se les confiscaron tres teléfonos móviles, los cuales se utilizarán como pruebas durante la investigación que llevarán a cabo la unidad especializada de la PNP en colaboración con el Ministerio Público. Además, se determinará su estatus migratorio.
A partir de los relatos proporcionados por las víctimas, se ha podido determinar que estas eran engañadas y llevadas a Perú. Una vez en el país, se les obligaba a saldar una deuda de diez mil soles, que supuestamente cubriría gastos relacionados con su transporte, manutención y alojamiento, entre otros aspectos. Estas mujeres eran mantenidas en viviendas, bajo la supervisión de uno de los miembros de la banda, quien portaba constantemente un arma de fuego. Aquellas que no cumplieron con sus obligaciones eran sometidos a actos de tortura o brutales agresiones. También se les amenazaba de muerte.
