La fiscalía a cargo planea apelar la sentencia, ya que habían pedido una pena de 25 años de prisión para los dos generales de la PNP
Los generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) José Armando Sánchez Farfán y Luis Elías Muguruza Delgado han sido condenados a cuatro años de pena suspendida y al pago de una reparación civil de más de un millón de soles por su responsabilidad en el ‘Baguazo‘. Este juicio evidenció la falta de planificación en el operativo conocido como la Curva del Diablo, el cual resultó en 33 muertes por disparos de armas de fuego.
La sentencia emitida por la Corte Superior de Justicia de Amazonas a través de la Sala Penal Liquidadora de Bagua el pasado 27 de noviembre establece la responsabilidad de Sánchez Farfán, director general de la PNP, y Muguruza Delgado, jefe de operaciones especiales de la PNP. Ambos fueron considerados autores del delito de homicidio simple al no prevenir los acontecimientos que llevaron a esas trágicas muertes y heridas a ocho personas, y por no garantizar la seguridad durante el desalojo ocurrido en Bagua el 5 de junio de 2009.
Estas víctimas, miembros de los pueblos awajún y wampís, estaban protestando contra decretos legislativos impulsados por Alan García que afectaban sus derechos territoriales, ya que permitían inversiones extractivas sin consulta previa y ofrecían sus comunidades.
El proceso reveló una operación sin las precauciones necesarias y sin la aprobación de una orden de operaciones. Además, el fallo de la Corte también ordena procesar penalmente a Mercedes Cabanillas Bustamante, exministra del Interior, y a Bernabé Garavito Berrocal, exjefe de operaciones de la Policía, por no tomar medidas adecuadas para proteger a la población durante la manifestación.
“La sentencia deja sentado tajantemente que el comando general y el operativo, ante un resultado adverso, debe prevenir cualquier contingencia, pero sobre todo debe evitar poner en riesgo bienes jurídicos de terceros como es la protección de la vida, la salud y la integridad”, señaló Segundo Herrera Mejía, abogado de las víctimas y miembro de Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
La fiscalía encargada del caso tiene previsto apelar la sentencia, ya que considera que la pena de cuatro años de cárcel es inferior a los 25 años que solicitó para los acusados, según informa Ojo Público. John Estela (35), quien perdió una pierna por un disparo durante el Baguazo, expresó su descontento con los montos establecidos para la reparación civil en una entrevista con el medio.
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La historia del Baguazo
El conflicto del Baguazo, ocurrido en la región de Amazonas, ha vuelto a ser tema de discusión tras la absolución unánime de los acusados por la muerte del mayor PNP Felipe Bazán por parte de la Sala Penal de Apelaciones de Bagua el pasado octubre. Todo se remonta a una protesta en 2009 de las comunidades indígenas awajún y wampís, quienes se oponían a dos decretos legislativos impulsados por el presidente Alan García en ese entonces.
Estos decretos generaron controversia al permitir que solo la mitad de los miembros de una comunidad nativa decidieran sobre la venta de su territorio comunal y autorizar inversiones extractivas en esos territorios sin consulta previa. Más de 2,000 manifestantes bloquearon la Carretera Fernando Belaúnde Terry en Bagua y ocuparon la estación 6 de Petroperú. La situación escaló, llevando al despliegue de unidades de DINOES por parte del Gobierno para desalojar la zona, resultando en un grave enfrentamiento en el que el líder awajún Santiago Manuin Valera fue herido de bala.
Las tensiones se intensificaron cuando, en represalia por la agresión, indígenas tomaron como rehén al mayor Bazán, quien aún permanece desaparecido. Tras llevar el caso a los tribunales, los acusados por su presunta participación en su muerte fueron absueltos recientemente, lo que representa el último episodio judicial hasta la fecha en torno a este controvertido suceso en la historia reciente de la región.
