No había impedimento legal alguno para que Grupo La República contrate con el Estado
El Grupo La República Publicaciones ha obtenido un importante fallo a su favor en su batalla legal contra el OSCE y el Tribunal de Contrataciones del Estado. A través del Sexto Juzgado y la Cuarta Sala Contencioso Administrativo, el Poder Judicial ha anulado una sanción de cuatro meses de impedimento para recibir publicidad estatal impuesta por la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado el 27 de enero de 2023.
Esta sala, encabezada por los vocales Carlos Enrique Quiroga Periche, Olga Evelyn Chávez Sueldo y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, ha sido particularmente activa en la imposición de sanciones menores contra La República.
La Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado impuso un total de 11 sanciones al Grupo La República Publicaciones por recibir avisos de diversas entidades estatales entre noviembre de 2020 y julio de 2021. La sanción anulada se refiere a un aviso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidad que no tiene relación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con el que supuestamente existía un conflicto de interés.
Para enfrentar esta situación, el Grupo La República presentó inicialmente demandas contenciosas administrativas por cada sanción, pero posteriormente optó por presentar demandas en conjunto. Además, se ha interpuesto una demanda de amparo para detener el acoso y abuso de poder por parte del OSCE y el Tribunal de Contrataciones del Estado.
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En el ámbito legal, se argumenta que el impedimento para recibir publicidad estatal solo aplica en la entidad donde trabaja el funcionario público, en este caso, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El OSCE, en otros casos similares, ha reconocido que el impedimento no afecta a todo el Estado sino a una entidad específica.
La sentencia del Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, ratificada por la Cuarta Sala, establece que La República no estaba impedida para contratar con el Estado en el caso específico que se evaluaba. Además, se espera una pronta resolución en la acción de amparo presentada ante el Primer Juzgado Constitucional de Lima.
Estas decisiones judiciales refuerzan el derecho del Grupo La República Publicaciones a recibir publicidad estatal y desacreditan las sanciones impuestas por el OSCE y el Tribunal de Contrataciones del Estado.
