Las claves para que Bernardo Arévalo asuma la presidencia en Guatemala

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El presidente electo ha denunciado un “golpe de Estado” que busca evitar que asuma su cargo el 14 enero. Para lograrlo, debe enfrentar a poderes tradicionales.

El ascenso de Bernardo Arévalo de León ha generado inquietud entre las élites que históricamente han mantenido el control en Guatemala, el presidente electo denuncia a los opositores.

Este sociólogo, diplomático y diputado progresista, quien ganó las elecciones el 20 de agosto con un enfoque sólido en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ha prometido poner fin al flujo de fondos públicos hacia las élites que han acumulado riqueza de manera fraudulenta a expensas de una Guatemala que enfrenta graves carencias sociales.

Esta situación ha llevado a que los representantes de la política tradicional, quienes se aferran al poder, tomen medidas para contrarrestar esta nueva opción que promete luchar contra la corrupción que ha infiltrado al Estado guatemalteco durante muchos años.

Estos actores políticos han demostrado en las últimas elecciones que tienen acceso al aparato de investigación y al sistema judicial, así como al Congreso, y están utilizando estos recursos para intentar detener el avance de esta nueva propuesta de cambio.

En un mensaje dirigido a la población el viernes, Bernardo Arévalo denunció un supuesto intento de “golpe de Estado” en Guatemala con el objetivo de impedir que asuma el cargo en enero próximo. El presidente electo señaló directamente a la fiscal general, Consuelo Porras, como la principal responsable de esta maniobra y llamó a la unidad para enfrentar a los presuntos “golpistas”.

Para asumir el poder el 14 de enero, como está programado para su investidura, y gobernar de acuerdo con la voluntad expresada por los guatemaltecos en las urnas, Bernardo Arévalo necesitará el respaldo de diversos sectores, incluyendo las élites económicas, sociales, académicas, profesionales y la población indígena.

Analistas sugieren que estos grupos podrían tener que someterse a procesos internos de reconfiguración para determinar si están dispuestos a apoyar la desarticulación de las redes de corrupción y el cambio que propone el nuevo gobierno.

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