La presidenta de la República de Perú, Dina Boluarte, se encuentra en medio de un nuevo escándalo político luego de que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF AA), Manuel Gómez de la Torre, afirmara que ella tenía conocimiento de las acciones militares ejecutadas durante las protestas contra su gobierno entre diciembre de 2022 y enero de este año. Esta revelación surge a raíz de una investigación realizada por el semanario «Hildebrandt en sus Trece».
Según el informe, Gómez de la Torre declaró el 13 de junio pasado ante la Procuradoría General del Estado y el Ministerio Público que informó a Boluarte Zegarra sobre las acciones militares que se llevarían a cabo en las regiones del sur del país. Además, mencionó que acudió a Palacio de Gobierno el 17 de diciembre de 2022, junto con otros oficiales, para informar a la presidenta sobre dichas acciones.
El jefe militar afirmó que tanto Boluarte como el entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola, estaban al tanto de las acciones y que su rol consistía en proporcionar lineamientos estratégicos para la formulación de los planes operativos. Estas declaraciones contradicen lo manifestado por Boluarte durante su testimonio ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el 6 de junio pasado, donde afirmó que la presidencia de la República no tenía contacto directo con el comando de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
Estas nuevas afirmaciones generan dudas sobre la transparencia y veracidad de las declaraciones de la presidenta Boluarte. La investigación del semanario «Hildebrandt en sus Trece» revela una aparente discrepancia entre lo declarado por Gómez de la Torre y la versión presentada por Boluarte.
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Este escándalo político pone en entredicho la capacidad de la presidenta para manejar la situación y mantener la confianza en su liderazgo. Además, genera interrogantes sobre el nivel de conocimiento y control que tenía Boluarte sobre las acciones militares durante las protestas.
Ante estas revelaciones, se espera que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados. Mientras tanto, este nuevo elemento agrega más controversia al entorno político peruano y plantea interrogantes sobre la transparencia y la veracidad de las declaraciones de la presidenta Boluarte.
