El Trébol como un área donde las rejas han generado problemas significativos de accesibilidad
En una disputa entre seguridad y accesibilidad, la Defensoría del Pueblo ha levantado la voz en Los Olivos, instando al municipio a evaluar el retiro de las rejas que limitan el derecho fundamental de libertad de tránsito en varias calles del distrito. Este conflicto, que ha generado tensiones entre los vecinos preocupados por la seguridad y aquellos afectados por las barreras físicas, se centra en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos individuales.
La Defensoría expresó su preocupación por la omisión de las autoridades municipales en atender los múltiples pedidos para retirar estas rejas, señalando que estas estructuras representan una seria limitación para las personas con discapacidad física y para los niños que se desplazan en cochecitos. Específicamente, señalaron la zona que une las avenidas Beta y Alfa en la urbanización El Trébol como un área donde las rejas han generado problemas significativos de accesibilidad.
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«Estas infraestructuras de metal no cumplen con las características técnicas que señala la ordenanza municipal, limitan el libre tránsito, no permiten la atención de casos de emergencia a través del ingreso de una unidad de ambulancia o del cuerpo de bomberos», expresó Estela Lozano, jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte.
Además, se identificaron otras barreras como estructuras de metal en el centro de las puertas de acceso peatonal, así como puertas de acceso que no cumplen con los estándares mínimos de ancho, impidiendo el paso de personas en sillas de ruedas.
Tribunal Constitucional
En respuesta a este dilema, el Tribunal Constitucional estableció que si bien la instalación de rejas como medida de seguridad vecinal no es inconstitucional per se, su colocación no debe limitar irrazonablemente los derechos fundamentales de las personas. En este caso particular, se advierte una clara violación de estos principios, lo que subraya la necesidad de encontrar soluciones que equilibren la seguridad ciudadana con el respeto a los derechos individuales.
La Ley General de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a vivir de forma independiente en la comunidad, en igualdad de condiciones que los demás, y obliga a las autoridades municipales a garantizar la accesibilidad en las edificaciones de su jurisdicción. En este sentido, el incumplimiento de estas obligaciones constituye una clara violación de los derechos de las personas con discapacidad, que deben ser abordados de manera urgente y efectiva por las autoridades municipales de Los Olivos.
