La situación económica se va deteriorando rápidamente en Venezuela, a inicios de febrero las reservas internacionales han caído a 10 mil millones de dólares; una semana después Chávez recorta el gasto público en un 22%, y luego del anuncio el Bolívar se devalúa en un 20%; Chávez también destituye al presidente de PDVSA, Guaicaipuro Lameda Montero, un militar quien se había vuelto crítico de la Ley de Hidrocarburos, incluida en el paquete de 49 leyes, su sucesor, Gastón Parra Luzardo, es un economista de visión dura cercano a Chávez. La nómina ejecutiva de la estatal petrolera se muestra molesta ante esta decisión, ya que en su opinión el nuevo Presidente no conoce la industria, y además se ha violentado una larga tradición meritocrática.
A la crisis política y económica se suma entonces el factor militar; el 7 de febrero, el diario El Nacional organiza un foro sobre la democracia, después de que Carmona concluyera su participación, un coronel de la Aviación, Pedro Luis Soto, toma el micrófono de manera sorpresiva y hace un llamado a las Fuerzas Armadas para que salven la democracia, que en su opinión está siendo amenazada por Chávez, no obstante, el coronel tuvo que aclarar que estaba hablando de una salida institucional, no un Golpe de Estado, y que no había sido invitado a ese foro, su intervención había sido espontánea.
Éste era el tercer pronunciamiento de un militar activo contra Chávez desde que llegó al poder, el año pasado el capitán de la Guardia Nacional Luis García Morales había pedido la renuncia de Chávez y asegurado que existía una Junta Patriótica cívico-militar que planeaba destituirlo pacíficamente; poco después, otro coronel de la Aviación, Silvino Bustillos, denunció que los militares estaban siendo usados para hacer proselitismo político a favor de Chávez en las “Megaelecciones”, y que había mucho descontento por esto; ambos oficiales fueron dados de baja de inmediato para la sorpresa de Bustillos, quien alegó que solamente le había tomado la palabra al Presidente, quien hace poco había pedido a los militares que mostrasen públicamente su descontento al gobierno, en caso de que existiese. Al pronunciamiento de Soto se suman entonces otros oficiales; destacan el contralmirante Carlos Molina Tamayo, el general Román Gómez Ruiz y el teniente coronel Hugo Sánchez; que si bien no llaman a derrocar al Presidente, sí piden un cambio en su política o que en su defecto renuncie. Chávez resta importancia a los anuncios y descarta que haya posibilidad de un golpe de Estado.
Mientras tanto los empresarios han estado ocupados, en el aniversario del Golpe de Estado de 1958 realizan una multidinaria concentración centrada en la Plaza O’Leary, el chavismo hace lo mismo frente al Palacio Federal Legislativo, ambas concentraciones están separadas entre sí por cuatro cuadras, pero transcurren sin incidentes. El 6 de marzo la CTV y Fedecámaras, representadas por Carlos Ortega y Carmona Estanga, firman un documento titulado “Bases para un acuerdo democrático”, con la mediación de Luis Ugalde, rector de la Universidad Católica Andrés Bello; en dicho documento se exige al gobierno que cambie su gabinete económico, que abandone el sectarismo político, y que ofrezca soluciones inmediatas al déficit fiscal y al creciente desempleo. Carmona Estanga define el acuerdo como unas bases para superar la crisis actual, Ortega es más directo al decir que representa las bases para un gobierno de transición post-Chávez, y que si los convenios colectivos del sector magisterial y petrolero no son discutidos se convocará a una huelga general de trabajadores.3938 Al día siguiente, Manuel Cova, secretario general de la CTV, llama al presidente Chávez a hacer un referéndum para determinar si la población está de acuerdo con las políticas de su gobierno.
Bajo este ambiente es que la CTV anuncia a una huelga general de 48 horas el 9 de abril, Fedecámaras y los ejecutivos de PDVSA hacen pública entonces su intención de unirse al paro. Chávez les sale al paso el 7 de abril, durante la transmisión de su programa dominical Aló Presidente, empieza a nombrar uno por uno a los gerentes petroleros que han llamado a la huelga, y luego de hacer sonar un silbato, anuncia su despido. Entre otras cosas los acusa de vivir con muchos lujos y beneficios, de sabotear la industria petrolera y de manejarla de manera poco ética, además les recrimina que la empresa tiene gastos operacionales tan altos que queda poco dinero para los planes sociales. Ese mismo día, Chávez se reúne con los generales Efraín Vásquez Velazco y Manuel Rosendo, así como con el presidente de PDVSA Gastón Parra, el fiscal general Isaías Rodríguez, los diputados Nicolás Maduro, Ismael García y Cilia Flores, también estaban presentes varios ministros, gobernadores y alcaldes oficialistas, destaca el ministro de Finanzas, general Francisco Usón, el alcalde del oeste de Caracas, Freddy Bernal, y el exguerrillero Guillermo García Ponce. Entre varias cosas se habló de aplicar el Plan Ávila, de pagar un bono de millón y medio de bolívares a los trabajadores petroleros que no se sumasen al paro, y hasta de simular una congestión de tráfico en la Autopista Francisco Fajardo con simpatizantes del chavismo para hacer ver que el paro no ha sido efectivo.
