La evidencia presentada por Transportes Wayna Picchu refiere la adquisición de un terreno a un valor significativamente excesivo
En un período de 8 meses, hubo un cambio drástico en la situación financiera de Alejandro Soto Reyes. Inicialmente, adquirió un terreno de la comunidad campesina de Ayamarca por $5,000. Posteriormente, utilizando su rol como asesor legal en la empresa Transportes Wayna Picchu, persuadió a la junta directiva para comprar la misma propiedad por $265,000.
Transportes Wayna Picchu afirma que la junta directiva, que autorizó la compra del terreno a la comunidad rural, no tenía conocimiento de que el auténtico dueño era el propio Alejandro Soto.
Cinco años más tarde, la compañía detectó el fraude al realizar una revisión financiera, revelando que los $265,000 dólares pagados por la propiedad habían sido transferidos a la cuenta de Alejandro Soto Reyes en 2012: $200,000 dólares el 26 de noviembre y $65,000 dólares el 24 de diciembre.
También puedes leer:
Para asegurar el reembolso de una compensación de S/323 mil por concepto de daños y perjuicios, Transportes Wayna Picchu presentó al magistrado cusqueño Carlos Román Gil la evidencia reunida por el periódico La República. Esta documentación verifica que los cheques estaban en posesión de Alejandro Soto y que él mismo validó esta recepción a través de sus firmas y huellas digitales. Por su parte, Soto ha dicho que la empresa “recién” le hizo el reclamo por la compra del terreno 5 años después.
Y, de hecho, eso es precisamente lo que sucedió. En 2017, Transportes Wayna Picchu descubrió la artimaña en la que el congresista participó junto con otros miembros de la compañía y personas externas a ella. Soto aparentó no tener ninguna conexión con la propiedad del terreno, pero el director ejecutivo en ese momento, Mario Sequeiros Fajardo, estaba al tanto de la situación, lo cual condujo a la emisión de los dos cheques a nombre de Alejandro Soto.
“Se hicieron diversas auditorías y un proceso de reestructuración contable, de donde salió la información de una serie de irregularidades que cometieron los imputados y en las que participó Alejandro Soto en perjuicio de la empresa Wayna Picchu”, afirmó el abogado de la empresa estafada», Darwin Urquizo Pereira.
“Las auditorías no se hacen de la noche a la mañana, toman su tiempo. Es así que con los informes de auditorías entregadas en 2017, la junta de accionistas decidió denunciar a los responsables, entre ellos Alejandro Soto, por todo lo que cometieron en agravio de la empresa”, añadió Urquizo.
Además, la conspiración involucró a la contadora de Transportes Wayna Picchu, Datne Flores Medina, y al agente de bienes raíces Juan Durand Gonzales, quien encubrió la propiedad del terreno perteneciente a Soto. También se encuentran implicados el ingeniero agrónomo Marco Quenta Escalante, quien preparó el informe del terreno con una superficie con reducción reducida.
La fiscal Etel Marquina Rodríguez comprobó los acontecimientos y pidió una sentencia de 8 años y 8 meses de prisión para Soto debido a los delitos de estafa y falsificación general. También solicitó penas para los cómplices involucrados.
La defensa de Alejandro Soto intentó diversas estrategias para evitar la acusación de la fiscal Marquina, pero todas fueron rechazadas. Incluyeron argumentos como la prescripción, sin embargo, estos fueron desestimados, lo que resultó en que Soto enfrentara un juicio.
