La medida del levantamiento fue ordenada por el juez supremo Juan Carlos Checkley
El Poder Judicial ordenó el levantamiento de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo, así como de los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, y del exasesor Aníbal Torres, debido al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El juez supremo Juan Carlos Checkley tomó esta medida al aceptar la solicitud presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. El levantamiento se exige como parte del proceso penal que enfrentan los exfuncionarios públicos involucrados.
El magistrado también dispuso que se suspenda el secreto de las comunicaciones del Comandante General de la Policía Nacional, Jorge Luis Angulo Tejada, y su predecesor en el cargo, Raúl Alfaro Alvarado. Además, se desarrollará que la misma medida se aplicará a los Jefes Policiales Vicente Álvarez Moreno, Manuel Lozada Morales, Eder Infanzón Gómez, ya los exfuncionarios Luis Alberto Mendieta Gavirondo, Fernando Aliaga Alejo y Juan Navarro Pando.
Checkley Soria ordenó a las principales empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional que proporcione a la oficina fiscal el registro histórico del tráfico de llamadas entrantes y salientes, incluyendo fecha, hora y duración de las llamadas, así como los mensajes de texto de un grupo de líneas telefónicas relacionadas con los investigados y testigos en este caso, en el período comprendido entre el 1 y el 8 de diciembre de 2022.
También, se solicitó a estas compañías que proporcionen detalles sobre todas las líneas telefónicas vinculadas a las personas mencionadas en su declaración, con el objetivo de llevar a cabo el mismo proceso.
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Una vez implementada esta acción, la cual debe realizarse exclusivamente con el propósito de la investigación y bajo responsabilidad funcional, el Ministerio Público deberá informar sobre los resultados obtenidos para su respectivo control.
El juez, en su resolución emitida el pasado 17 de julio, expiró que la medida solicitada por la Fiscalía es adecuada, necesaria y proporcionada, dado que su objetivo constitucional es investigar los imputados al expresidente Pedro Castillo delitos y los demás sujetos bajo investigación, especialmente aquellos de rebelión y conspiración, que son de suma gravedad al atentar contra el orden constitucional y los poderes del estado.
“La medida es necesaria porque de otra manera no será posible obtener elementos de prueba suficientes, inmediatos y urgentes que revelen datos objetivos relacionados a posibles comunicaciones telefónicas de los investigados y afectados con otras personas , información que podrá evidenciar incluso la posible forma y circunstancias de los hechos delictivos investigados “ , afirmó el magistrado.
