Las serias investigaciones de Dina Boluarte, Alejandro Soto y Patricia Benavides

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Los líderes del Ejecutivo, Congreso de la República y Fiscalía de la Nación enfrentan una serie de acusaciones que incluyen estafa, apropiación ilícita, plagio, delitos de lesa humanidad y corrupción, entre otras

El miércoles 26 de julio, el Congreso de la República eligió a Alejandro Soto, parlamentario con 59 carpetas fiscales por graves delitos, como su máximo representante. Sin embargo, no es el único poder del Estado liderado por personajes cuestionados, ya que la Presidencia y la Fiscalía de la Nación también se encuentran en una situación similar, por eso te presentamos las serias investigaciones de

Los cuestionamientos contra el presidente del Legislativo, Alejandro Soto, incluyen lo siguiente:

  • Aunque él ha negado tener investigaciones en su contra y ha presentado sus antecedentes penales o policiales como respaldo, según un informe del portal El Foco basado en información del Ministerio Público, desde marzo de 2018, se encuentra bajo investigación por estafa y apropiación ilícita común.
  • También enfrenta denuncias relacionadas con falsificación documentaria, enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, delitos de falsedad genérica, falsedad ideológica y corrupción de funcionarios públicos.
  • Además, ha presentado 14 querellas contra periodistas que mencionaron estos hechos en medios de comunicación, lo que ha generado preocupación sobre su relación con la libertad de prensa.
  • Su relación con los medios de comunicación es tan cuestionable que incluso decidió entrevistarse a sí mismo cuando postulaba al Congreso, lo que ha generado críticas y sospechas sobre su manejo de la comunicación y transparencia.

La presidenta Boluarte también ha sido objeto de cuestionamientos. Además de ser reelegida como máxima representante del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac mientras ocupaba el cargo de titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a pesar de que el artículo 126 de la Constitución prohíbe esta situación, también se ha conocido que suscribió 13 documentos, lo que ha generado inquietudes y controversia sobre sus acciones y posibles conflictos de interés.

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En el caso de Benavides, ha enfrentado serios cuestionamientos respecto a sus tesis de maestría y doctorado, las cuales jugaron un papel crucial en su proceso de nombramiento. Sin embargo, ni sus profesores ni compañeros de clase tienen recuerdos de su participación en dichos estudios. Además, otra de sus certificaciones proviene de la academia Librejur, la cual es conocida por haber falsificado estudios jurídicos. Estas situaciones han generado dudas sobre la validez y legitimidad de sus credenciales académicas y su capacidad para ocupar el cargo en la Fiscalía de la Nación.

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