Poder Judicial: Se embargarán bienes de Pedro Castillo y Anibal Torres

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La Procuraduría General del Estado ha pedido el embargo de los bienes pertenecientes al exmandatario y al expremier. Según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Torres posee un departamento en San Isidro valorado en 236,800 dólares. En cuanto al expresidente, se trata de 4 propiedades ubicadas en Chota.

Se embargarán bienes de Pedro Castillo y Anibal Torres. El expresidente y el expremier podrían perder cuatro inmuebles en la provincia de Chota, Cajamarca, incluyendo el terreno con helipuerto del distrito de Tacabamba, así como un departamento en San Isidro, estacionamientos y un vehículo. Esto se debe a que un Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia ha declarado fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado (PGE) y ha ordenado el embargo de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al exmandatario y al exprimer ministro.

El juez Juan Carlos Checkley ha ordenado el embargo, mediante inscripción e inhibición, de cuatro propiedades pertenecientes al expresidente José Pedro Castillo Terrones. Tres de estas propiedades se encuentran en Anguía, Chota, el pueblo natal del exmandatario, mientras que una está ubicada en el pueblo de Tacabamba, presuntamente propiedad de sus padres y donde se informó sobre la construcción de un helipuerto privado en el pasado. No se ha proporcionado información detallada sobre el valor de estos inmuebles.

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En cuanto al ex primer ministro Aníbal Torres Vásquez, se ha ordenado el embargo de nueve bienes, incluyendo ocho inmuebles situados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo.

La Procuraduría General del Estado ha informado que los dos estacionamientos de Torres tienen un valor estimado de $15,000 cada uno, y un departamento tiene un valor de $236,800. Todos estos bienes están localizados en la calle Los Eucaliptos, en San Isidro.

La medida tomada por el procurador general Daniel Soria tenía como objetivo garantizar el cobro de la reparación civil por un monto superior a los S/67 millones, relacionada con el golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre del 2022.