Pedro Castillo Terrones, ex Presidente de la República del Perú envió una solicitud al Poder Judicial en la cual pide archivar las investigaciones en curso en contra de su persona por los casos «Petro-Perú» y «Puente Tarata», alegando que, no existe dicha organización criminal de la cual le considera autor.
Como es de saber, Pedro Castillo cumple hasta la fecha la pena de presión preventiva de treinta y seis (36) meses por ser el presunto líder de una red criminalista que intervino en varias entidades públicas del estado peruano. En las que se encuentran algunas como el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Es por ello, que los cargos por los presuntos delitos que se le acusa son las de organización criminal agravada, Tráfico de influencias agravado y complice de colusión.
El argumento presentado por el Ex Mandatario ante el Juez encargado del caso Juan Carlos Checkley, se encuentran la presunta inexistencia de la red criminal, aludiendo que al haber sido anulados los procesos de licitación, no existe prejuicio ante el estado.
Además, en el documento presentado el 29 de agosto figura que:
“Solicita, se archive los casos de Petro-Perú y Puente Tarata, toda vez que (en) ambos casos no ha existido la estructura criminal, orden del ‘supuesto’ jefe de la organización criminal, acuerdo colusorio, en los casos de los concursos publicos Petro-Perú y Puente Tarata terminaron en nulidad en consecuencia no existió perjuicio económico para el estado”
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Caso Puente Tarata
Castillo Terrones es acusado por la fiscalía de que, en uso de sus facultades presidenciales colocó al hoy prófugo Juan Silva Villegas para ocupar el cargo de presidente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de manera ilegal. Dicha acción tenia como objetivo poder manipular el manejo de las contrataciones de la obra en favor de empresarios que apoyaron al ex presidente en su campaña y que también formarían parte de la organización criminal.
El Proyecto del Puente Tarata fue entregado al consorcio Puente Tarara lll, el cual se encuentra formado por las empresas TERMIREX S.A.C. , Tableros y Puentes S.A, sucursal Perú y H.B Estructuras Metálicas S.A.S, sucursal Perú. Este consorcio es vinculado con la empresaria Karelim Lisbeth López Arredondo quien fue una aspirante a la fiscalía como colaboradora eficaz.
En el mes de octubre del 2021, López registro su visita al Palacio de Gobierno y tiempo después, el consorcio Puente Talara lll gana la licitación.
La empresaria, confeso tiempo después que habría entregado al exmandatario y a su exministro Silva Villegas una suma de dinero para que pueda darle preferencia al consorcio elegido.
Caso Petro-Perú
El Ministerio Publico adjudica que Pedro Castillo habría abusado de su poder como presidente del Perú para contratar personal de su preferencia de manera ilegal para los puestos de la empresa Petrolera. Dichas acciones tendrían la finalidad de poder manejar y dar dirección a las contrataciones.
Para poner en marcha el plan, el allegado del ex presiente y oftalmólogo, Fermín Silva Cayatopa, gestionó la destitución de Hugo Chavez Arevalo del puesto de Presidente del directorio de PETROPERÚ ante el Ministro de Energía y Minas.
Es así, como la organización criminal habría logrado direccionar el Proceso de Adquisición por Competencia COM- 012-2021-GDCH/PETROPERÚ para la compra de BIODIESEL B1OO a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. quien fue representada por Samir George Abudayeh Giha.
Abudayeh, tambien registró visitas con el Pedro Castillo en palacio. Tiempo después, Heaven Petroleum fue favorecida con la licitación.
Ante la presentación del documento por parte de Pedro Castillo Terrones frente a ambos casos, Checkley convocó a una audiencia pública y señaló:
“Convocar para el día martes 19 de setiembre de 2023, a las 10:00 horas, la realización de la audiencia de excepción de improcedencia de acción; solicitado por el Imputado José Pedro Castillo Terrones”.
