El contralor Nelson Shack presentó el INCO, un ranking de las entidades públicas con mayor registro de corrupción. Castillo en la mira.
Preocupante situación. El contralor Nelson Shack presentó en el día de ayer el informe del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) correspondiente al año 2022. Este estudio abarcó el período de gobierno del presidente destituido Pedro Castillo, y destaca como uno de los principales problemas la práctica de «fraccionamiento» en las adquisiciones gubernamentales.
Esto implica dividir los montos en unidades menores o iguales a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para que los contratos puedan otorgarse de manera directa, evitando así someterlos a un proceso de selección o licitación. En resumen, se observa una tendencia a asignarlos de manera discrecional.
“Tenemos 76,408 casos de estos detectados en el año 2022 y que han movido más S/9,250 millones. Sobre estos funcionarios sabemos quiénes son, sabemos dónde están sus cuentas, sabemos cuáles son las órdenes de servicio, y sabemos dónde trabajan. En los próximos meses les llegará su acción de control y su pliego de cargos para que expliquen por qué hicieron esta barbaridad”, les advirtió Shack.
Tomemos el caso del Ministerio de Vivienda, donde Geiner Alvarado ocupó la posición principal. En este contexto, se identificó un total de 431 proveedores que presuntamente llevaron a cabo esta práctica de fragmentar contrataciones. Esta conducta habría dado lugar a desembolsos cercanos a los 31.7 millones de soles.
Otro descubrimiento destacado del reporte revela que las entidades gubernamentales emplearon a un total de 8,441 consultores, lo que resultó en un desembolso que superó los S/123 millones.
Sorprendentemente, en más del 90% de estas consultorías de servicios, el personal designado para llevar a cabo dichas tareas aparentemente se encontraba en el extranjero. Se presume que estas actividades se realizaron de manera remota o, en algunos casos, ni siquiera se llevaron a cabo.
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