Investigación contra Martín Vizcarra por compra de pruebas covid-19 es archivada

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Investigación contra Martín Vizcarra por compra de pruebas covid-19 es archivada
Investigación contra Martín Vizcarra por compra de pruebas covid-19 es archivada

Por la Fiscalía

El expresidente Martin Vizcarra Cornejo, quien estaba siendo investigado por la presunta adquisición irregular de pruebas rápidas durante la pandemia del covid-19, recibió una noticia inesperada. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, anunció que había decidido no presentar una denuncia constitucional en su contra.

El Ministerio Público declaró en una entrevista en RPP que ha decidido no presentar la denuncia correspondiente contra Vizcarra. De acuerdo a sus declaraciones, esta determinación se fundamenta en la falta de pruebas que demuestren la existencia de una colusión por parte del expresidente.

“Por lo menos, en lo que tenemos de la investigación, no existen indicios de que haya habido una colusión. No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle de cómo se intervino en estos hechos”.

Luego de realizar todas las diligencias correspondientes, Villena reiteró que no se encontraron pruebas que pudieran corroborar el delito de colusión. Además, hizo hincapié en que fue el Instituto Nacional de Salud (INS) quien recomendó la compra de los productos en cuestión.

“Lo que se tiene que buscar en un delito de colusión son indicios de que hubo justamente eso: un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas, y no se han hallado indicios…”.

En mayo de 2022, el Congreso peruano impuso una nueva sanción al expresidente Martín Vizcarra, inhabilitándolo para ejercer cualquier función pública durante cinco años. Esta medida se tomó debido a presuntos vínculos con empresas del sector durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno previo.

Esta sanción se suma a la previa inhabilitación por diez años impuesta en abril de 2021, cuando el Congreso peruano tomó la decisión de inhabilitarlo para el ejercicio de cualquier función pública debido a la vacunación secreta e irregular contra la covid-19, conocida como “Vacunagate”.

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