Por: Carlomagno Chacón
Cada campaña municipal trae el mismo espectáculo: candidatos que prometen acabar con la delincuencia como si fueran generales disfrazados de alcaldes. Hablan de “plan integral”, “ciudad blindada”, “seguridad total en 100 días”. Uno escucha y piensa: ¡qué suerte, ya no necesitamos Ministerio del Interior ni Policía!
Pero la realidad, jurídica y cruda, es otra. La Constitución dice que la seguridad es función del Estado a través del Ministerio del Interior y la PNP. La Ley Orgánica de Municipalidades solo faculta a los alcaldes a la prevención: alumbrado, recuperación de espacios, limpieza, cámaras, serenazgo coordinado. Nada más. Nada menos.
Hoy al serenazgo lo presentan como ejército municipal, en realidad nació como un experimento vecinal en los años ochenta: vecinos organizados que hacían rondas nocturnas para espantar rateros. En los noventa, se institucionalizó tímidamente, con chalecos fosforescentes y silbatos. Y recién en el 2012 se formalizó su rol dentro del sistema nacional de seguridad ciudadana, bajo coordinación de la PNP.
Es decir, fue concebido como cuerpo auxiliar y preventivo, nunca como fuerza de combate criminal. Que hoy se le venda como “policía municipal” es una deformación política: un maquillaje para la campaña, no una verdad institucional.
El Codisec debería ser el espacio de articulación. Pero allí aparece la contradicción absurda: el alcalde lo preside, aunque no tenga formación en seguridad, y el comisario “participa”. ¿En serio alguien cree que a la Policía o a las Fuerzas Armadas les entusiasma que un civil los dirija en estrategia de lucha contra el crimen? Por dentro piensan: “¿y este señor qué sabe?”. Y tienen razón. El diseño institucional es un contrasentido.
La gente, eso sí, compra el espejismo. En su desesperación, acepta y hasta exige que el alcalde se convierta en jefe de seguridad. Por eso aparecen abogados, médicos, ingenieros o exfutbolistas que prometen derrotar a las mafias, basados en su única experiencia de haber sido víctimas de un robo. Y luego viene la frustración.
No todo es inútil. El municipio sí puede mejorar la vida diaria del vecino: calles iluminadas, parques recuperados, serenazgos que prevengan, cámaras que funcionen. Eso es prevención, eso reduce el delito. Pero de ahí a pensar que un alcalde va a desbaratar bandas criminales, intervenir narcotráfico o dirigir operaciones militares, hay un abismo legal y práctico.
La solución empieza por reconocer la verdad jurídica: la seguridad pública le corresponde al Estado y a la PNP. Los alcaldes deben hacer prevención seria, exigir a la Policía que cumpla su deber y articular recursos locales sin prometer imposibles.
Porque insistir en el cuento de “alcaldes–sheriff” erosiona la democracia y perpetúa el engaño. Creer que el serenazgo en bicicleta derrotará al crimen organizado es tan ridículo como esperar que un alcalde pilotee un submarino nuclear en la Costa Verde.
Al final, no se trata de pedirle a los alcaldes que sean policías ni generales, sino que sean buenos gestores. Que iluminen la calle, limpien la plaza, recuperen el parque, coordinen con la comisaría y escuchen al vecino. Eso sí está en sus manos. Si cada autoridad cumple lo que le toca, y la ciudadanía entiende a quién exigirle qué, la seguridad deja de ser una promesa vacía y empieza a ser un trabajo serio, compartido y posible.
(*) Abogado y político
