Los mineros quieren anular la resolución que les impide trabajar en el Madidi, el parque con mayor biodiversidad mundial en Bolivia
Las protestas de los sindicatos de mineros del oro en Bolivia han tomado un giro violento en La Paz, la capital administrativa del país, en busca de varias demandas. La principal es la anulación de la resolución que les prohíbe trabajar legalmente en áreas protegidas, específicamente en el Madidi, el parque con la mayor biodiversidad de flora y fauna del mundo.
El 6 de noviembre, grupos de mineros atacaron con piedras y ocuparon temporalmente las oficinas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, exigiendo un cambio en la normativa que les impide operar en el parque Madidi, ubicado en el noroeste de Bolivia, en la cuenca amazónica. Esta zona es donde se concentran las explotaciones de oro en el país, siendo los yacimientos aluvionales, con el oro presente en el lecho y las orillas de los ríos.
La extracción implica el uso de mercurio, una sustancia que contamina el entorno natural y afecta a las personas. Estudios han vinculado la ingesta de pescados contaminados con mercurio a problemas neurológicos y otros problemas de salud, especialmente entre las comunidades indígenas que dependen de los ríos.
Los manifestantes también asaltaron las oficinas de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, a la que acusan de no brindarles seguridad jurídica. La tramitación de los contratos de derechos mineros es prolongada y raramente se concluye de manera definitiva, ya que deben ser aprobados finalmente por el Parlamento. Además, se enfrentan a constantes disputas entre empresas y entre empresas y comunidades indígenas por la titularidad de las áreas de explotación.
La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (FECMABOL) sostiene que estas dificultades favorecen la minería ilegal, que extrae oro sin permisos del Estado y ha experimentado un fuerte crecimiento recientemente. FECMABOL también exige el control de 5,000 cuadrículas con potencial aurífero actualmente en manos de la empresa estatal de minas. Para lograr sus demandas, la federación recurrirá, después de las manifestaciones urbanas, al «bloqueo de caminos», un método de lucha tradicional de los sindicatos bolivianos.
Autoridades
En medio de las protestas, el presidente Luis Arce, quien celebra su tercer año en el poder, declaró en un evento militar que la Armada boliviana tiene la responsabilidad de frenar la minería ilegal de oro. Esta actividad utiliza dragas que navegan por los ríos donde se encuentran las mayores oportunidades mineras.
La policía dispersó a los manifestantes mineros utilizando agentes químicos y detuvo a varios de manera temporal. Algunos sectores de la población tienen la percepción de que las autoridades no establecen límites adecuados a las cooperativas mineras, que constituyen una fuerza política significativa vinculada a los gobiernos del Movimiento al Socialismo. La FECMABOL, que agrupa a alrededor de mil cooperativas con más de 80,000 afiliados, representa solo el 5% de todas las cooperativas, tanto auríferas como dedicadas a otros minerales, en el país.
Aunque estas empresas surgieron para realizar minería de subsistencia después del cierre de las grandes mineras estatales en los años 90 durante el neoliberalismo, se han convertido, impulsadas por dos décadas de altos precios de los minerales, en una realidad compleja. En este contexto coexisten mineros artesanales con millonarios que explotan mano de obra asalariada bajo la apariencia de cooperativas, lo que les permite eludir impuestos y otros gravámenes. Los principales inversionistas en la industria del oro suelen ser de origen chino y colombiano.
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