El superintendente Castillo asegura que no se detendrá en el empeño por garantizar la excelencia en la educación universitaria
Manuel Castillo Venegas, quien encabeza la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), llamó a las autoridades universitarias a estar listas para un escrutinio minucioso por parte de esta entidad.
Estas palabras fueron pronunciadas por Castillo durante la conmemoración del 59° aniversario de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval) en Huánuco, donde enfatizó la necesidad de asegurar la calidad y promover nuevas ofertas académicas en las universidades, tanto públicas como privadas.
“No vamos a dar tregua en nuestro esfuerzo por salvaguardar la calidad educativa. Estamos comprometidos a asegurar que los universitarios reciban una educación que cumpla con los estándares básicos de calidad, y eso es nuestro principal objetivo”, recalcó.
Además, el superintendente resaltó que la Sunedu, respaldada por la Ley Universitaria, estará atenta para garantizar el cumplimiento de dichos estándares.
Obras a pesar de las dificultades
En la Unheval, elogió a los líderes de la institución y destacó la labor del rector, Guillermo Bocángel Weyder, reconociendo los esfuerzos realizados a pesar de las dificultades financieras que enfrentan las universidades.
El Pabellón Sunedu estuvo presente en Huánuco para proporcionar información sobre sus funciones a la comunidad universitaria. Se abordaron temas como el sistema para denunciar el hostigamiento sexual, la supervisión a las universidades y el reglamento de infracciones y sanciones, entre otros.
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Educación superior en penales del Perú
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha ajustado las disposiciones para brindar servicios educativos superiores universitarios en modalidades semipresenciales y a distancia, permitiendo que las universidades ofrezcan educación a personas en centros penitenciarios.
Esta modificación se refleja en la Resolución del Consejo Directivo N° 030-2023-SUNEDU/CD y se enmarca en la Ley N° 31840, la cual busca ampliar el acceso a la educación superior para personas en centros penitenciarios a nivel nacional, mediante programas especiales no presenciales, con el fin de contribuir a su reintegración social.
Además, se establece que las universidades que implementen esta oferta educativa podrán considerar lo invertido como parte de su responsabilidad social universitaria, destinando al menos un 2% de su presupuesto, como lo indica la Ley Universitaria.
Estas nuevas disposiciones requieren que los programas académicos diseñados para personas en centros penitenciarios cumplan con las Condiciones Básicas de Calidad, según lo establecido en el Modelo de Licenciamiento de programas en modalidades semipresenciales y a distancia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 31840 y su reglamento.
Estos cambios tienen como objetivo principal el fomentar la inclusión y la equidad en la educación superior universitaria, asegurando el acceso y la calidad educativa para todos los segmentos de la sociedad.
Este logro es resultado de la colaboración entre el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, encargada de verificar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad en los servicios de educación superior universitaria, así como del INPE y el Ministerio de Justicia, quienes trabajan en la reintegración social de las personas en centros penitenciarios.
