Los gremios de transporte, jóvenes estudiantes y diversos colectivos marcharon por las principales calles del centro histórico de Lima para exigir mayores medidas de seguridad ante el aumento de la inseguridad. Además, protestaron contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) informó que 18 personas resultaron heridos. Durante la protesta realizada el sábado en el centro histórico de Lima contra el Gobierno, el Congreso y el aumento de la criminalidad en la capital. A través de su cuenta en la red social X, el colectivo condenó la represión policial y exigió el cese de las agresiones. Recordando que «protestar es un derecho, no un delito».
Ante este escenario, la CNDDHH hizo un llamado a la Fiscalía de Derechos Humanos para que vele por la integridad de la ciudadanía que se manifiesta contra la extorsión y el sicariato. «La movilización convocada para el domingo 28 de septiembre es urgente que se adopten garantías para una protesta segura», demandó el colectivo.
En otro mensaje, la CNDDHH denunció el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas por parte de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Contra los asistentes a la marcha, convocada por gremios de transporte público y la llamada ‘Generación Z’.
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«Este accionar atenta contra la protesta pacífica y vulnera el derecho a la manifestación, reconocido en la Constitución y en tratados internacionales», enfatizó. En ese sentido, instó al Ministerio Público a mantenerse vigilante. Para prevenir y sancionar cualquier tipo de agresión contra quienes ejercen legítimamente su derecho a protestar.
Por su parte, la PNP informó que uno de sus efectivos resultó con quemaduras de primer grado tras ser alcanzado por una bomba molotov lanzada durante la manifestación. “Se le viene brindando la atención médica correspondiente para su recuperación”, indicó la institución en su cuenta oficial.
Durante el recorrido por las principales calles del centro de Lima, los manifestantes exigieron mayores medidas de seguridad. Ante la creciente ola de criminalidad, que en las últimas semanas ha dejado asesinatos de choferes y ataques a unidades de transporte.
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