El abogado penalista, Javier Aguirre, ha señalado que si el propietario de la residencia en Sarratea, Alejandro Sánchez, es deportado a México, podría solicitar asilo político, evitando así enfrentar la justicia peruana. Aguirre advierte que, aunque Sánchez tenía una visa estadounidense, su falta de sello de salida de Perú alertó a las autoridades de EE. UU., lo que podría resultar en su expulsión hacia México, país por el que ingresó.
En caso de ser deportado a México, Sánchez podría buscar asesoramiento legal para solicitar asilo político, argumentando persecución política y evitando así su expulsión a Perú, donde enfrenta una orden de prisión preventiva de 30 meses.
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Aguirre sugiere que la Cancillería peruana debería contratar abogados en EE. UU. para proteger los intereses del Estado peruano y asegurar que Sánchez sea deportado directamente a Perú, destacando su ingreso ilegal a territorio estadounidense como una muestra de su falta de respeto hacia Perú y su sistema legal.
