Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, fue detenido en los Estados Unidos, a donde ingresó de manera ilegal
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha requerido al Poder Judicial que el empresario Alejandro Sánchez y un grupo de personas bajo investigación asuman conjuntamente la responsabilidad de pagar al Estado peruano la cantidad de 144 millones 336,000 soles por daño al patrimonio público.
Este pedido se enmarca dentro del caso denominado «Asesores en la Sombra», ocurrido durante el mandato del expresidente Pedro Castillo, que la Fiscalía sostiene que fue una organización delictiva supuestamente dirigida por dicho individuo.
Adicionalmente, la representación legal del Estado peruano también ha solicitado que estos individuos compartan la responsabilidad de abonar la suma de 2 millones 736,843 soles en concepto de daño no patrimonial al Estado peruano derivado de este caso.
La Procuraduría Anticorrupción incluyó ambos requerimientos en su petición presentada al Poder Judicial para ser reconocida como parte civil perjudicada en el proceso de investigación preliminar que involucra a los individuos bajo escrutinio.
Este pedido de ser reconocida como parte civil fue analizado por el juez Víctor Zuñiga Urday el pasado lunes 4 de septiembre, y se espera que tome una decisión al respecto en los próximos días.
El viernes 8 de septiembre, el propietario de la residencia ubicada en el jirón Sarratea en Breña, donde Castillo Terrones llevaba a cabo reuniones después de su elección y durante los primeros días de su presidencia, fue arrestado por una unidad de patrulla fronteriza en Texas, Estados Unidos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú comunicó que el empresario se encuentra bajo custodia en el centro de detención Del Río en Texas, después de ser aprehendido en la frontera entre Estados Unidos y México.
De acuerdo con el procurador anticorrupción, Javier Pacheco, Sánchez será expulsado y deportado a Perú en “las próximas horas o en una semana”.
“No debería ser más de una semana para traerlo, dependiendo de los trámites administrativos internos. Aquí, lo que toca es hacer un trámite administrativo célere para que Estados Unidos declare la expulsión”, expresó.
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Acusaciones contra Alejandro Sánchez
Las acusaciones en su contra incluyen delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias, presuntamente cometidos durante el mandato del expresidente Pedro Castillo. La tesis fiscal apunta a su participación en redes de corrupción de alto nivel que operaron durante ese período.
En julio de este año, el Poder Judicial ordenó la incautación de su propiedad en el Pasaje Sarratea, Breña, donde se llevaron a cabo reuniones clave entre miembros del gobierno de Castillo. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional respaldó esta medida, rechazando la apelación presentada por la defensa legal de Sánchez Sánchez y argumentando que no se advertían “vicios de motivación aparente” en la decisión del juez Concepción Carhuancho.
Además del allanamiento en Sarratea, el Ministerio Público llevó a cabo una operación en otra de sus residencias, ubicada en el Km. 102 de la Panamericana Sur, en el distrito de Asia, Cañete, a principios del mismo mes.
La detención de Sánchez Sánchez en Texas representa un avance significativo en la búsqueda de justicia en el caso Asesores en la Sombra y fortalece el mensaje de que los acusados de corrupción no pueden evadir la justicia, incluso fuera de las fronteras del país. A medida que el proceso legal avance, Se espera que más detalles sobre su presunta participación en la trama corrupta salgan a la luz y se haga justicia en nombre de la ciudadanía peruana.
