El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, consideró como un retroceso haber eliminado las sanciones para los funcionarios públicos que no presenten u omitan información en su declaración jurada de intereses del proyecto de ley aprobado en el Congreso que faculta a la Contraloría para el control y fiscalización de este documento.
Precisó que el decreto de urgencia 20-2019, que disponía la presentación de las declaraciones juradas de intereses ante la Presidencia del Consejo de Ministros, y modificado por esta norma, incluían infracciones administrativas y sanciones.
“El Congreso estaba discutiendo una versión que tenía un artículo con sanciones, en un momento del debate se introdujo una versión que elimina ese artículo y eso fue lo que se aprobó, es un retroceso también en ese sentido”, afirmó a la agencia Andina.
