El empresario Zamir Villaverde presentó una tutela de derechos, donde cuestionaba que lo investiguen por el delito de lavado de activos en la licitación de la obra durante la gestión de Juan Silva en el MTC
El Poder Judicial ha desestimado el recurso de tutela de derechos presentado por la defensa legal del empresario Zamir Villaverde, que buscaba su exclusión de la investigación preliminar relacionada con presuntos actos de corrupción vinculados a la licitación del proyecto Puente Tarata. Este proyecto marcó el primer escándalo durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra actualmente encarcelado.
En la resolución emitida por la magistrada Soledad Barrueto Guerrero, titular del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se rechaza la solicitud presentada por Villaverde. El empresario cuestionaba que no se le había proporcionado una explicación clara sobre por qué lo estaban investigando por lavado de activos, especialmente considerando que algunas carpetas relacionadas con el mismo delito imputado previamente en su contra.
“Según refiere la defensa, ya que no indicaron el marco temporal de dicho ilícito, más aún cuando su patrocinado ya sometieron por años a investigaciones por el mismo delito de lavado de activos, las archivadas”, se lee en el documento sobre el argumento que los abogados de Villaverde plantearon.
A pesar de la solicitud de la defensa de Zamir Villaverde, el Poder Judicial proporcionó una explicación detallada de los actos que se le imputan al empresario, quien había mantenido una estrecha relación con el expresidente Castillo.
Informe
“Se imputa a Marco Antonio Zamir Villaverde García haber realizado actos de transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero ilícito que fuese entregado por las empresas Termirex S.A.C, Tableros y Puentes S.A Sucursal del Perú y HB Estructuras Metálicas S.A.S Sucursal del Perú como retribución, a fin de que este interceda ante el ministro de Transportes y comunicaciones Juan Francisco Silva Villegas, quien aprovechando su cargo direccionaría la adjudicación de la buena pro de la obra Licitación Pública N°01-2021-MTC/21 para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga, provincia Mariscal Cáceres, región San Martín, a favor del Consorcio Tarata III, el mismo que se encontraba integrado por las empresas antes señaladas”, anota.
La sala presidida por la magistrada Barrueto ha señalado que la Fiscalía sostiene la hipótesis de que Zamir Villaverde utilizó sus empresas, como Villaverde Company S.A.C, Mazavig S.A.C, Vigarza S.A.C. y otras, para presuntamente llevar a cabo actividades ilícitas en otras licitaciones públicas convocadas por Provias Descentralizado, una entidad vinculada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El propósito de estas acciones fue introducir fondos ilícitos resultantes de actos de colusión y tráfico de influencias en el sistema económico de Perú.
Además, la resolución menciona que la defensa legal de Villaverde no puede exigirle al Ministerio Público a que brinde “una imputación muy detallada y pormenorizada, ya que en el marco de una fase preliminar de la investigación-la fuerza de los cargos aún es débil, por ende, las exigencias de la imputación son mínimas, lo cual no obsta a que se exija un nivel de narración mínimo sobre la presunta vinculación de la persona investigada”.
Por ello, el despacho de la jueza Barrueto concluyó que no ha existido vulneración al derecho de principio de imputación necesaria, “ya que dado lo incipiente y compleja de la investigación, se viene desentrañando la forma y circunstancias pormenorizadas en que se habría realizado el delito de lavado de activos por parte del investigado”.
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