Boluarte insiste que las protestas sociales fueron promovidas por terceras personas y rechaza el documento de la ONU, que confirma el uso de la “fuerza letal”
En las últimas horas, se ha divulgado el informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) sobre las protestas sociales en Perú, que resultaron en la lamentable pérdida de cerca de 50 vidas. El informe confirma que se empleó lo que se considera «fuerza letal» en contra de los manifestantes en varias regiones del país. La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha declarado que su administración ha tomado en cuenta las recomendaciones del informe. No obstante, también ha expresado su desacuerdo en tres aspectos específicos del mismo.
“Las protestas de diciembre a febrero que ocurrieron, quienes la han provocado y promovido han sido aquellas personas, gracias a Dios en menor cantidad, a la gran mayoría que quería vivir en paz. […] Hemos atendido sus recomendaciones, pero sí discrepamos en tres puntos”, expresó la mandataria desde Lambayeque.
Asimismo, la presidenta optó por no abordar la cuestión del uso de armas letales en las protestas, indicando que este tema se encuentra actualmente bajo investigación. Sin embargo, destacó en el informe el reconocimiento del «rápido accionar del Gobierno» para asistir a las víctimas, a pesar de las denuncias planteadas por los familiares de los fallecidos.
Asimismo, la presidenta optó por no abordar la cuestión del uso de armas letales en las protestas, indicando que este tema se encuentra actualmente bajo investigación. Sin embargo, destacó en el informe el reconocimiento del «rápido accionar del Gobierno» para asistir a las víctimas, a pesar de las denuncias planteadas por los familiares de los fallecidos.
Informe de la ONU
El informe destaca que en la «mayoría» de las protestas se llevaron a cabo de manera «pacífica», pero reconoce que también se produjeron actos de violencia tanto por parte de los manifestantes como de las fuerzas de seguridad. En consecuencia, el informe llega a la conclusión de que hubo «violaciones de los derechos humanos» durante las protestas.
“Sin embargo, también se produjeron actos de violencia por parte de manifestantes y otras personas que causaron heridos, incluidos agentes de policía y miembros del ejército, así como la destrucción de bienes públicos y privados. Como se detalla en este informe, también hubo casos de uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por parte de funcionarios del Estado”, se lee.
En total, se han formulado 18 recomendaciones destinadas a que el Estado peruano pueda llevar a cabo su implementación después de la investigación. Entre estas recomendaciones, se destaca la sugerencia de evitar declarar el estado de emergencia en medio de manifestaciones. Asimismo, se hace hincapié en la petición a las fuerzas del orden de que no recurran al uso de armas de fuego en las protestas sociales y que se garantice el uso de métodos no violentos antes de recurrir a armas menos letales.
“Garantizar que todas las autoridades, incluidas la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, cooperen con las autoridades judiciales, incluida la divulgación de cualquier información de su exclusiva competencia que las autoridades judiciales consideren pertinente”, se lee en un punto.
De esta lista de 18 recomendaciones, se ha informado que la jefa de Estado se ha manifestado en contra de tres de ellas. Sin embargo, hasta el momento, no se han proporcionado detalles específicos a la prensa.
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