Se les exige pagar una caución de S/30,000
La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional ha confirmado la prisión preventiva de 30 meses para Sada Goray Chong y Mauricio Fernandini Arbulú, acusados de colusión agravada y otros delitos en detrimento del Estado. Sin embargo, la misma sala ha revocado la decisión del juez Raúl Justiniano que también había impuesto una prisión preventiva de 30 meses a Roger Gavidia Johanson y Pedro Arroyo Marquina, reemplazándola por una comparecencia restrictiva que implica el cumplimiento de reglas de conducta.
Cada uno de los acusados deberá pagar una caución económica de S/30,000, la cual debe ser depositada en el Banco de la Nación dentro de un plazo de 10 días hábiles. En caso de no cumplir con las reglas de conducta establecidas, la medida podría revocarse y se podría dictar prisión preventiva. Se ha dispuesto su liberación inmediata siempre que no existan órdenes de detención, prisión preventiva o condenas a penas privativas de libertad efectivas emitidas por una autoridad competente.
El Ministerio Público había apelado anteriormente ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria con el objetivo de extender la prisión preventiva de 30 a 36 meses para todos los involucrados en el caso, que son investigados por colusión agravada en el contexto de una organización criminal.
Las investigaciones comenzaron después de que Sada Goray admitiera ante el Ministerio Público que pagó más de S/4 millones a Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, para que la empresa Marka Group obtuviera contratos durante el gobierno de Pedro Castillo. Mauricio Fernandini también está implicado en el caso y en mayo se acogió a la confesión sincera, reconociendo su papel como intermediario en los sobornos que Sada Goray entregó a Salatiel Marrufo.
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Según la versión de Fernandini, el chófer de Goray dejó un encargo en su departamento el 14 de octubre de 2021, y ella estaba satisfecha porque el gobierno de Pedro Castillo había nombrado a tres de sus recomendados como directores del fondo Mivivienda, lo que generaba expectativas de que el Ministerio de Vivienda beneficiara a su empresa con proyectos de construcción de viviendas asequibles.
