Son muchos los asentamientos humanos que vienen siendo víctimas de los famosos “aguateros bamba”, personas inescrupulosas que venden por encima de su precio real, agua de dudosa procedencia a través de camiones cisternas a las diferentes zonas periféricas de Lima y Callao.
Por ello, el congresista Paul García de Acción Popular, cansado que abusen de los más pobres, y al ver que no hay sanción real para estos traficantes, presentó un proyecto de ley para endurecer las penas y sancionar con hasta 12 años de prisión efectiva aquellas personas que no solo lucren con un elemento vital, sino que además ponen en riesgo la salud pública de muchas familias, ya que se desconoce el proceso de desinfección por el que haya pasado el agua en venta.
“Ellos se dan el trabajo de buscar y perforar sin contar con ningún tipo de autorización y se aprovechan ilicitamente con la venta del agua. Los distritos más afectados son: Puente Piedra, Ancón, Ventanilla y varios sectores del Callao. Las penas que hay son muy benevolas ( hasta 4 años, que no es carcel efectiva) y eso les ha permitido seguir sin temor”, indicó el congresista Paul García.
“Ahora lo que busco es endurecer las penas de 5 años como mínimo y hasta 12 años como máximo. Solo así podemos poner algún tipo de freno a esta situación, además de exigir al gobierno central que cumpla con su trabajo”, finalizó.
