Patricia Benavides al Congreso: “Respeten las garantías constitucionales a los miembros de la JNJ”

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La fiscal general se refirió a la iniciativa parlamentaria de iniciar una investigación sumaria contra los miembros de la JNJ, quienes serían removidos eventualmente

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hizo un llamado el martes al Congreso para que se respeten “las garantías constitucionales” de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), incluyendo a Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, José Ávila, Antonio De La Haza, Iviarta Zavala, Guillermo Thornberry y Luz Inés Tello. Estos miembros de la JNJ están siendo objeto de una investigación sumaria por causa grave en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Legislativo.

Imelda Tumialán, quien ocupa la presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), expresó que la investigación aprobada por el Congreso tiene como objetivo la destitución de todos los miembros de la JNJ y considera que esta medida carece de garantías, lo que podría representar una ruptura del orden constitucional.

“Reitero, no me involucren en las decisiones parlamentarias. A diferencia de mis críticos, como demócrata y profesional del derecho, yo sí creo que existe el debido proceso para todos los peruanos. […] Pido que se respete las garantías constitucionales a los miembros de la JNJ porque todos, preciso, todos somos iguales ante la ley”, señaló Benavides en un clip difundido por Canal N.

La JNJ, como un organismo autónomo responsable de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales, considera que el proceso en su contra carece de regulación. Además, el Sistema de Naciones Unidas ha manifestado su preocupación ante esta situación y ha subrayado la importancia de defender y garantizar los principios de separación y equilibrio de poderes para consolidar una sociedad justa y democrática.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sostenido que una posible destitución de sus miembros, impulsada por Patricia Chirinos de Avanza País, representaría una ruptura del equilibrio de poderes, ya que no existe un procedimiento preestablecido ni una causa específica tipificada para llevar a cabo dicha destitución. Esta preocupación subraya la importancia de respetar los principios de separación de poderes y la necesidad de contar con un marco legal claro y transparente en casos de destitución de funcionarios de alto nivel en el sistema de justicia y control.

La diputada incluyó en sus argumentos una declaración de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con respecto al proceso de antejuicio y juicio político de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, así como una denuncia de presunta interferencia ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para favorecer a una magistrada que estaba ya inhabilitada. Estos elementos se utilizaron como parte de la justificación para impulsar el proceso de investigación y posible destitución de los miembros de la JNJ.

Bajo su óptica, la JNJ “se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales”. En agosto pasado, el Poder Judicial suspendió las investigaciones preliminares abiertas por el organismo contra la fiscal general, tras aceptar una medida cautelar que presentó.

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