En el documento elaborado por la ONU se menciona que se aplicaron restricciones al derecho a la reunión pacífica, y que se cometieron detenciones injustificadas
El nuevo informe confirma que el gobierno de Dina Boluarte utilizó una fuerza desproporcionada durante las protestas sociales que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y julio de este año. Este documento lo elabora la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y presenta conclusiones contundentes sobre la situación.
En el reporte de 54 páginas de la ONU, al que Infobae Perú tuvo acceso en exclusiva, se detalla que el Estado peruano hizo “uso de la fuerza, incluida la fuerza letal con armas de fuego, fuera de las circunstancias que serían permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida”.
“Esto incluye casos en los que manifestantes o transeúntes no suponían una amenaza aparente para las fuerzas de seguridad”, se lee en el documento. El informe también destaca que se hizo uso de armas menos letales que, sin embargo, resultaron en lesiones graves, incapacitantes e incluso mortales entre los manifestantes que participaron en las protestas contra el régimen de Boluarte. Estas acciones se encuentran actualmente bajo investigación por parte de la Fiscalía de la Nación.
Adicionalmente, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que cientos de manifestantes fueron detenidos con el pretexto del control de identidad, en algunos casos realizándose detenciones masivas por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). A su juicio, la mayoría de estas intervenciones “podrían implicar un trato cruel, inhumano y degradante de los manifestantes, posiblemente equivalente a tortura”.
Detalles del informe
El informe también resalta que se presentaron denuncias penales, algunas de ellas incluyendo acusaciones de terrorismo, contra los participantes en las marchas y protestas. Este tipo de acciones legales podrían tener un efecto disuasorio sobre el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y expresión.
“En algunos casos, estas denuncias penales suscitan preocupaciones por su compatibilidad con las normas internacionales de derechos humanos”, refirieron.
El informe de la ONU resalta que, durante el contexto de las protestas, se recurrió al discurso del «terruqueo» para etiquetar a las personas como violentas, vándalas o vinculadas a actividades ilegales. Además, se señala que se utilizó un discurso racista que incluyó comentarios despectivos basados en la etnia, la condición social o el origen regional de los manifestantes.
“Varias personas informaron de que las fuerzas de seguridad hostigaban e intimidaban a los manifestantes, incluso mediante el uso de vigilancia, amenazas y otras formas de coacción, como medio de disuadirlos o limitar su participación en las manifestaciones”, se percibe en el documento.
Finalmente, el informe de la ONU enfatiza que “es necesario que se adopten medidas para reducir las tensiones, así como para garantizar la independencia de las instituciones electorales y judiciales, abordar la discriminación racial estructural e implementar las reformas pendientes en el sector de la seguridad”.
La coincidencia de las conclusiones del informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con los informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre las protestas sociales en contra del régimen de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y enero de este año subraya la consistencia y la gravedad de las preocupaciones en relación con el respeto a los derechos humanos durante ese período.
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