La petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador prevé abrir otros 15 pozos petroleros en la reserva Yasuní, con 60% de los ecuatorianos a favor de su paralización
La mayoría de los ecuatorianos, que representó un 60% de la población, tomó la decisión el 20 de agosto de detener la explotación petrolera en la reserva natural del Yasuní, una de las áreas con mayor biodiversidad en el mundo. Sin embargo, esta decisión se ha enfrentado a un obstáculo significativo. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha afirmado su intención de mantener la producción de petróleo en el bloque 43, y como resultado, está desconociendo los resultados de la consulta popular.
En un video grabado durante una reunión con representantes de la comunidad Kichwa Boca Tiputini en el Palacio de Carondelet, se escucha al presidente declarar: «No queremos y no vamos a apoyar ningún trámite». Este video se ha difundido en las redes sociales.
Los participantes en la reunión están en desacuerdo con los resultados de la consulta popular. Pertenecen a dos de las seis provincias amazónicas en las cuales la opción del «no» prevaleció en la consulta popular promovida por la sociedad civil. Esta consulta preguntó a la ciudadanía si deseaba mantener indefinidamente bajo tierra el petróleo del ITT, también conocido como bloque 43.
Estas dos provincias en cuestión son Sucumbíos y Orellana, áreas donde se ubican los campos petroleros más grandes y donde la economía local depende en gran medida de los servicios proporcionados por sus habitantes al personal que trabaja en la industria petrolera.
“No es posible aplicar el sí, es inaplicable la consulta”, continúa Lasso en el video, “técnicamente no es posible cerrar un pozo petrolero de la noche a la mañana”, dijo a los asistentes. “Vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible”, sentenció. Una postura muy alejada a la que promulgó en marzo de 2021, cuando era aspirante a la Presidencia, y se comprometió a impulsar la consulta popular para no explotar el crudo del Yasuní como parte de su campaña.
Además, la Constitución ecuatoriana establece como “un mandato el cumplir de manera obligatoria e inmediata las decisiones que han sido emitidas por el pueblo en las urnas, que deben ser acatadas por el Presidente de la República, ministros de Estado y cualquier otra autoridad del Gobierno”, explica André Benavides, abogado constitucionalista.
La sentencia de la Corte Constitucional, el máximo órgano de justicia del país, que dio paso a la consulta popular aclaró que de ganar el “sí”, el Estado no podría ejercer acciones tendientes a iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación de petróleo en el bloque 43; y debería “adoptar medidas inmediatas para la reparación de la naturaleza”.
Pero contrario a la orden de la Corte, la petrolera estatal Petroecuador emitió un informe técnico sobre el impacto por el cierre de operaciones y abandono de instalaciones en el ITT en el que considera “continuar con la perforación en el área Ishpingo hasta diciembre 2023″, para lo cual se incorporarán 15 pozos adicionales. Los medios solicitaron información a Petroecuador al respecto, que respondió que “no se están pronunciando sobre este tema”.
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