Fiscalía investiga presunto peculado en la Universidad Nacional de Piura

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Exrector y empleados enfrentan investigación por pago de servicio fantasma.

El exrector de la UNP, Edwin Omar Vences Martínez, y varios empleados son investigados por presunto peculado doloso. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura formalizó el caso relacionado con el supuesto servicio fantasma de “Mantenimiento, habilitación y digitalización de la información en los sistemas informáticos del archivo central”, cuyo costo ascendió a cerca de 400 mil soles.

La investigación, basada en un informe de Contraloría y revelada inicialmente por el diario Correo, involucra a un total de 65 personas, incluyendo a choferes, conserjes, periodistas y otros empleados de la UNP. Según las autoridades, el servicio nunca se ejecutó, pero los pagos fueron realizados igualmente.

El fiscal José Aurelio Jiménez Moscol, a cargo del caso, ha incluido en la investigación a varias personas como presuntos responsables. Entre los acusados figuran Natalia Huiman Seminario, Cynthia Alzamora Rivas, Betsy Zamora Vignolo, Jorge Garcés Agurto, Luis Calle Estrada y Karina Galecio Angeldonis como supuestos autores del delito. Asimismo, se señala a otros empleados, como Anita Zapata Guaylupo, Ronald Vera Rivas, Ivette Quezada Palacios, y muchos más, como posibles cómplices.

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El caso se remonta a noviembre de 2021, cuando se autorizó el gasto mediante la resolución rectoral 154-R-2021. Según el informe 004-2023-2-0203 de la Oficina de Control Interno de la UNP, el proceso omitió procedimientos de selección necesarios y careció de pruebas que justificaran la prestación del servicio. Incluso, se detectaron pagos a personas no incluidas en la resolución inicial, lo que generó un perjuicio económico estimado en 396 500 soles.

La Contraloría confirmó que este servicio fue pagado a un grupo que incluía familiares, exvecinos y otros allegados a las autoridades universitarias, sin cumplir con los requisitos establecidos. Este hallazgo fue fundamental para respaldar la denuncia original publicada en febrero de 2023.

El caso ha desatado una investigación exhaustiva que busca esclarecer responsabilidades y determinar el alcance del daño económico ocasionado a la institución, así como las irregularidades en la ejecución de los procesos administrativos durante el periodo señalado.