También contra Leifer Carrión Melitón, señalado como cómplice en este supuesto acto ilícito
La Fiscalía de la Nación ha ordenado una investigación preliminar contra Cheryl Trigozo, congresista, por presuntamente haber cometido el delito de peculado doloso contra el Estado. También se investiga a Leifer Carrión Melitón, señalado como cómplice en este supuesto acto ilícito, según lo ha informado el Ministerio Público a través de su cuenta oficial en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter).
La pesquisa se centra en la posible utilización de recursos del Congreso por parte de Trigozo, miembro de Alianza para el Progreso (APP), para gestionar contratos artísticos de la agrupación Sonido 2000 a través de un trabajador de su despacho, Carrión Melitón, durante el horario laboral parlamentario.
Fiscalía de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra Cheryl Trigozo Reátegui, en su condición de congresista de la República, y Leifer Carrión Melitón, como presuntos autora y cómplice, respectivamente, del delito de peculado doloso, en agravio del Estado. (1/2) pic.twitter.com/tI3WUJLODy
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 18, 2023
Como se recordará, en septiembre pasado, la Procuraduría General del Estado solicitó la apertura de diligencias preliminares contra la mencionada parlamentaria.
De acuerdo con un reportaje periodístico, el asesor principal del despacho congresal de la congresista Trigozo Reátegui habría ejercido funciones como manager de la agrupación de cumbia Sonido 2000, donde la congresista desempeña el rol de vocalista.
El informe indicó que el asesor principal, Leifer Carrión, habría organizado conciertos durante el horario laboral en la sede del Parlamento Nacional. Además, se señaló que gracias a estas gestiones se llevaron a cabo presentaciones musicales en varias ciudades del país.
En respuesta, la congresista negó haber cometido alguna irregularidad o que su asesor hubiera desempeñado funciones como manager de la mencionada agrupación. También descartó haber faltado a alguna comisión o sesión plenaria del Parlamento.
Denuncia constitucional contra Vizcarra
La fiscal de la Nación del Perú, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional en contra del expresidente Martín Vizcarra, así como otra contra la exministra de Justicia, Ana Revilla.
La titular del Ministerio Público sostiene que ambos incurrieron en los presuntos delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal en agravio del Estado.
La investigación está vinculada a la designación de Daniel Soria Luján como procurador General, sin previo informe técnico del Ministerio de Justicia, que avale su trayectoria en la defensa jurídica del Estado, señala la Fiscalía.
Como se recuerda, Daniel Soria fue designado en el cargo en febrero del 2020, cuando Martín Vizcarra era gobernante. En enero del 2022, el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, anunció la revisión del nombramiento.
Soria fue retirado del cargo, luego de haber denunciado al entonces presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía, tras conocerse las visitas de la empresaria Karelim López a Palacio de Gobierno y presuntos actos de corrupción en el Estado.
Cuando fue destituido, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría adscrito al Ministerio de Justicia aseguró que Soria había sido nombrado, pese a no cumplir con los requisitos establecidos.
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Investigación preliminar a presidente de Ingemmet
El presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Henry John Luna Córdova, está siendo objeto de una investigación por parte del Ministerio Público debido a presuntos delitos ambientales, específicamente relacionados con la concesión ilegal de derechos en detrimento del Estado. Estas diligencias se inician tras la denuncia presentada por el exfiscal ambiental Alberto Caraza, quien alega que Luna Córdova habría otorgado una concesión minera en la cuenca alta del río Nanay, ubicada en Loreto.
La concesión minera en cuestión podría representar una amenaza para la vida y la salud de la población de Iquitos, según señala la organización Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. La investigación está programada para tener una duración de ocho meses, durante los cuales se llevarán a cabo las diligencias correspondientes.
