20 organizaciones sociales respaldaron la denuncia contra el presidente Henry Luna por la concesión minera en cuenca del río Nanay
El presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Henry John Luna Córdova, está siendo objeto de una investigación por parte del Ministerio Público debido a presuntos delitos ambientales, específicamente relacionados con la concesión ilegal de derechos en detrimento del Estado. Estas diligencias se inician tras la denuncia presentada por el exfiscal ambiental Alberto Caraza, quien alega que Luna Córdova habría otorgado una concesión minera en la cuenca alta del río Nanay, ubicada en Loreto.
La concesión minera en cuestión podría representar una amenaza para la vida y la salud de la población de Iquitos, según señala la organización Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. La investigación está programada para tener una duración de ocho meses, durante los cuales se llevarán a cabo las diligencias correspondientes.
Investigado
La carpeta fiscal relacionada con el caso deberá enviarse a la Dirección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP). En un plazo de 60 días, esta entidad tiene la responsabilidad de:
1. Recibir la declaración de los denunciantes, quienes deberán detallar las acciones del imputado y, en la medida de lo posible, aportar pruebas que respalden sus afirmaciones.
2. El presidente del Ingemmet, entidad que está bajo la jurisdicción del Ministerio de Energía y Minas (Minem), deberá enfrentar las acusaciones en su contra. Para este proceso, se requiere que cuente con la asistencia de un abogado. Además, en el momento de la presentación, debe estar presente un representante de la Fiscalía.
Estas medidas buscan esclarecer las acusaciones de otorgamiento ilegal de derechos ambientales por parte del presidente del Ingemmet y garantizar un proceso justo y transparente.
“Lo que dice la norma de pequeña minería y actividad artesanal es que es ilegal operar sobre los cursos de agua. Eso está tipificado como minería ilegal. Ahora, en el caso específico de la cuenca del Nanay, hay ordenanzas regionales, del año 2002 o 2003 creo, que (dice que debe ser) libre de minería. Entonces ahí es un tema que tiene que considerarse entre lo que regula el Gobierno regional y el Ingemmet, que corresponde al gobierno Nacional, y otorgar derechos o no”, sostuvo Martín Arana, especialista técnico de la iniciativa Unidos por los Bosques.
“En estas áreas que el Gobierno regional también indica que deberían ser resguardados por aprovisionamiento de agua para la ciudad en quitos. La sociedad Nacional de energía y minas y presentó una consultoría que habían encargado un estudio y, de acuerdo a eso, ellos estimaron de que la minería ilegal a nivel nacional generaba pérdidas alrededor de 22 mil millones de soles al año.”, agregó.
Cuando Ojo Público también informó sobre esta denuncia, el Ingemmet confirmó, a través de un correo electrónico, que efectivamente otorgó la concesión minera por sustancias metálicas a nombre del ciudadano Ricardo Moreno, también conocido como Raíces Gaddaffy. La institución destacó que esta concesión no habilita a la persona mencionada para llevar a cabo actividades mineras sin antes obtener los permisos requeridos por el Estado para la minería formal. Asimismo, subrayó que las concesiones mineras no confieren derechos sobre los recursos hídricos, según señaló la entidad al portal de investigación.
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