Fiscalía anticorrupción interviene JNJ

Este lunes, la sede de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en Lima fue intervenida por el Ministerio Público, llevando a cabo una diligencia en relación con la presunta contratación irregular de funcionarios en su Dirección de Servicios Disciplinarios (DPP), un caso previamente expuesto por Punto Final. En la tarde, el sexto despacho de la Primera Fiscalía especializada en delitos de Corrupción se presentó en las oficinas del distrito de San Isidro para requerir expedientes administrativos, contratos, órdenes de servicio y currículums del personal. La recopilación de información se prolongó durante aproximadamente dos horas y contó con la participación de Imelda Tumialán, quien ostenta el cargo de titular de la JNJ.

“Nos hemos entrevistado con la presidenta, el vicepresidente de la JNJ [Aldo Vásquez] y los señores que van a ser investigados. Posteriormente, se les va a citar para que vayan a declarar”, dijo el fiscal Juan Carlos Zúñiga respecto a este procedimiento por presunto delito de negociación incompatible.

“Los involucrados están cooperando en la entrega de la información”, añadió desde los exteriores. De manera paralela, una comisión de control de la Contraloría se acreditó ante la JNJ para indagar este caso que involucra a siete trabajadores de la DPP, un área a cargo de la abogada Marielka Nepo, según los medios.

La mencionada dirección proporciona asistencia técnica y legal a la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios en el manejo de denuncias, investigaciones y procedimientos dirigidos contra jueces, fiscales, así como líderes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Implicados

Según la información recabada, los individuos involucrados tienen lazos en un mismo círculo de amistades, y al menos cinco de ellos intercambiaron certificados que alegan experiencia profesional para obtener acceso a la institución. Entre los señalados se encuentran Frank Fernández, Johan Castillo de la Cruz, Linda Castillo de la Cruz, Claudio Valdera Bohorquez, Rayan Calderón Bringas, Milena Aguilar Valle y Edson Villarroel Beraún. En un caso particular, uno de ellos presentó un certificado que lo acreditaba como abogado de una cebichería para obtener el cargo de analista, mientras que otro certificó ser miembro del área legal de un gimnasio.

Después del informe periodístico, la JNJ anunció en un comunicado que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios inició una investigación interna para “determinar responsabilidades si fuere el caso, debiendo emitir el informe y las recomendaciones pertinentes en el más breve plazo”.

La entidad también indicó que el proceso de selección del personal de apoyo de la Dirección de Procesos Disciplinarios (DPD), incluyendo auxiliares, técnicos y analistas, es llevado a cabo por un comité designado por la Dirección General. Este comité se constituye en cada convocatoria e incluye a un representante de la mencionada unidad, quien lo preside, un representante de la Oficina de Recursos Humanos y un representante de la propia DPD.

“El procedimiento es público y transparente. Está regulado por una directiva interna y tiene varias etapas, como la evaluación curricular, evaluación de conocimientos y entrevista personal”, se lee en el texto. La Junta remarcó, además, que los procesos de selección para Contratación Administrativa de Servicios (CAS) de los siete funcionarios fueron realizados entre 2020 y 2022, “sin que se hayan presentado observaciones”.