El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en Ecuador debido a la “grave conmoción interna” provocada por las protestas indígenas contra el alza del precio del diésel. La medida, que regirá por 60 días, abarca 10 de las 24 provincias, incluyendo Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, epicentros de las movilizaciones lideradas por la Conaie.
Según el decreto, el gobierno ecuatoriano busca “restablecer el orden y garantizar la libre circulación”.
El mandatario justificó la decisión bajo el argumento de que los bloqueos de carreteras y los ataques a instalaciones públicas representan “una amenaza para la seguridad nacional”.
De esta manera, las Fuerzas Armadas fueron autorizadas a colaborar con la Policía Nacional en el control del orden público, una acción que diversos sectores consideran riesgosa ante el recuerdo de los episodios de represión de años anteriores.
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El conflicto se desató tras la eliminación parcial del subsidio al diésel y a la gasolina extra, medida anunciada por el Ejecutivo como parte de un plan de ajuste económico respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Noboa argumentó que la reducción del gasto en combustibles es necesaria para equilibrar las cuentas fiscales, pero las organizaciones indígenas sostienen que la medida golpea a los sectores rurales y productivos más vulnerables.
