Padres de familia se reunieron frente al colegio para mostrar su rechazo a la medida
El coronel EP Nerio Gálvez Ñahuis fue removido de su puesto por el Mindef el viernes pasado, después de que se hicieron imágenes públicas en las que se observan a estudiantes del colegio posando sin ropa en el patio durante la noche.
Un conjunto de padres de familia llevaron a cabo una manifestación en la entrada del Colegio Militar Leoncio Prado, situado en el Callao, en apoyo al director de la institución, el coronel EP Nerio Gálvez Ñahuis, quien fue destituido de su puesto por el Ministerio de Defensa (Mindef) el martes pasado.
Esta acción fue tomada después de que la periodista Jacqueline Fowks revelara una imagen en la cual se observa a un conjunto de estudiantes del colegio posando sin ropa en uno de los patios durante la noche.
Flor de Maria Manyari, quien es la presidenta de la Asociación de Padres de Familia (Apafa) del centro educativo, expresó su respaldo a la labor del director destituido, argumentando que este había trabajado en favor del bienestar de los estudiantes. “Nosotros nos apersonamos al frontis del colegio para dar nuestro respaldo al director. Aquí los padres estamos para apoyar y para dar respaldo a nuestro director que, durante estos seis meses, desde el 2 de enero que toma el mando del colegio Leoncio Prado, ha venido gestionando muchísimas cosas para el bienestar de nuestros cadetes. «Nosotros no vamos a permitir que saquen a nuestro coronel», expresó.
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Sin embargo, optó por no comentar sobre la actual pesquisa legal en curso por la supuesta comisión de actos de tortura contra los estudiantes. En cambio, dijo que si tales circunstancias se presentaran, sus hijos no se matricularían en esa institución educativa.
Luego de la difusión de imágenes que mostraron a los menores llevando a cabo lo que podría cambiar como un castigo, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad inició una investigación preliminar dirigida a identificar a quienes podrían ser considerados responsables por el mencionado delito en el seno de la escuela.
Además, el Ejército del Perú ha dispuesto una segunda investigación con un plazo de 60 días para esclarecer los acontecimientos ocurridos en el establecimiento educativo.
