Los derechos de los delincuentes no están por encima de los derechos de los ciudadanos, señala
1.- ¿Cómo ha mejorado la seguridad ciudadana en Magdalena en su gestión?
En Magdalena del Mar, tenemos como principios que los derechos de los delincuentes no están por encima de los derechos de los ciudadanos y que nuestra mayor obligación es la protección de nuestros vecinos. Por eso hemos invertido más del 32% de todo el presupuesto institucional con ese fin, lo que nos ha permitido en reducir la delincuencia en más del 50%. Hemos comprado para un distrito de menos de 4 km2, 20 camionetas y 22 motos para el serenazgo, elevado el número de serenos de 83 a 303, reactivando el Grupo de Acciones Rápidas – GAR que son serenos especializados, incrementado el número de cámaras en más de 200. Asimismo, contamos patrullaje integrado, lo que significa que en cada carro de serenazgo hay un policía armado, contamos con ronda diaria de 10 motorizados del Escuadrón Verde PNP y 06 motorizados de Los Halcones PNP, así como permanentes meagoperativos coordinados con el Ministerio del Interior, el Escuadrón Verde, Extranjería y Migraciones. Estamos culminando la primera etapa del mejoramiento de la iluminación pública, habiendo invertido cerca de 7 millones para convertir a Magdalena en el distrito mejor iluminado del país.
2.- Desde el ámbito tecnológico, ¿cuál es la importancia del sistema de monitoreo en red por cámaras de seguridad del distrito?
Es importantísimo, pero para que funcione también se debe tener capacidad de respuesta, es decir, suficientes unidades móviles, serenazgos y policías en patrullaje integrado para hacer intervenciones inmediatas para frustrar la consumación de delitos y/o detener a quienes acaban de cometerlos. En Magdalena no solo hemos elevado en 200 el número de cámaras, sino que además hemos implementado 05 nuevos centros de monitoreo descentralizados, tenemos la zona comercial mejor video vigilada del país que incluye una cámara en cada esquina, hemos implementado el plan “Paradero Seguro” que implica la videovigilancia para proteger a nuestros vecinos que se encuentran esperando el transporte público en paraderos; asimismo estamos en plena implementación del plan “Escuelas Seguras” que implica la instalación de cámaras de seguridad en las entradas y salidas de todos los colegios del distrito, también la implementación de cámaras en los ingresos y salidas del distrito, que nos permitirá registrar los rostros de todos aquellos que llegan y salen del distrito.
3.- ¿Hay buena coordinación con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional?
Tenemos una coordinación directa con el Ministerio y la PNP para enfrentar la delincuencia común y el crimen organizado, ya que, desde su inicio de gestión, el ministro Vicente Romero ha tenido las puertas abiertas a todos los alcaldes.
4.- ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de declarar en emergencia diferentes distritos de Lima? ¿Es efectivo?
Desde que se declararon los primeros estados de emergencia, públicamente expresé mi opinión en contra de dicha medida, ya que considero que solo funcionaría declarar estado de emergencia en todo Lima y Callao, porque se trata de una misma ciudad, siempre y cuando sea parte de una estrategia mayor, por ejemplo, antes de dicha declaratoria se tiene que hacer un trabajo de inteligencia para saber entre otras cosas, en donde se esconden los delincuentes, en donde se guardan las armas ilegales para de esta manera aprovechar la suspensión del derecho de inviolabilidad de domicilio y entrar a los citados puntos a detener a los maleantes sin necesidad de contar con mandato judicial para ello.
5.- ¿Las FF.AA. deben salir a las calles y apoyar a la PNP en la lucha contra la delincuencia?
Es indiscutible el efecto disuasivo que causa la presencia militar en la vía pública; sin embargo, esta salida también debe ser parte de un plan estratégico.
6.- ¿La criminalidad venezolana ha agravado la situación en el país?
Muchísimo, porque se trata de delincuentes más violentos y muchos de ellos son miembros de grupos criminales organizados como el Tren de Aragua. Lamentablemente, en el Perú no sólo hay crimen organizado de Venezuela, sino también de Ecuador, Colombia y Brasil.
9.- ¿Cuál es su percepción respecto a lo que viene sucediendo a nivel nacional con la seguridad ciudadana?
Estamos viviendo una segunda ola de violencia, la primera la vivimos con el terrorismo y ésta con la delincuencia común y el crimen organizado, que sin dudar está matando a mototaxistas, choferes de combi y pequeños comerciantes por negarse a pagar cupos y al igual que con el terrorismo, el estado peruano ha demorado demasiados años en darse cuenta de la gravedad del problema que estamos enfrentando. Si no detenemos esto de inmediato, en una década seremos un país tan violento como El Salvador antes de Nagib Bukele.
10.- ¿En el Perú debería implementarse el “Plan Bukele”?
No, con el terrorismo el Perú ya ha demostrado que no tenemos que copiar nada a nadie.
11.- Partiendo de su respuesta anterior ¿qué debe hacer el gobierno para enfrentar a la delincuencia y crimen organizado?
Problemas excepcionales requieren de soluciones excepcionales, es decir, debemos aplicar mano firme, dura y represiva a esta lacra que está destruyendo la vida de los peruanos. Debe haber un plan integral que incluya, entre otras cosas lo siguiente, primero el liderazgo claro de nuestra presidenta, que es quien debe ser la cabeza visible de la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado, segundo, debe fortalecerse a la PNP, tanto en lo logístico como en inteligencia, investigación y criminalística, pero también debe protegerse a nuestros policías para que no sean apresados cuando abaten dentro de sus funciones a maleantes armados, tercero, destruir la corrupción que existe en un sector del Ministerio Público y Poder Judicial que vienen liberando, sin ninguna justificación a delincuentes peligrosos que ha detenido la PNP, cuarto, identificar y eliminar la corrupción del INPE, que permite a maleantes peligrosos continúen delinquiendo desde los penales, ordenando extorsiones, sicariatos, entre otros. Quinto, agravación de penas para delitos violentos ya que los delincuentes que ejecutan estos delitos no se rehabilitan en los penales, sino más bien, salen de ellos para volver a delinquir, por ello debemos entender que las penas también son para aislar a los agentes peligrosos del resto de la sociedad y así darle seguridad a esta. Sexto, construcción de más penales en lugares de gran altitud del país, que por su sola ubicación hace más difícil la comunicación con el exterior. Asimismo, los líderes de las organizaciones criminales deben cumplir carcelería en aislamiento. Séptimo, identificar y apresar a proveedores y traficantes de armas ilegales. Octavo, destruir el delito de receptación, interviniendo los mercados de cosas robadas y apresando a quienes vendan o compren en ellos. Noveno, el estado y los municipios deben coordinar campañas orientadas a desterrar la normalización de la compra y utilización de cosas robadas, ya que el día que nuestra sociedad deje de comprar robado, caerá en picada el número de asaltos en nuestro país.
