Apesar de negarlo en más de mil idiomas, se ha revelado que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, se benefició de la Ley 31751, una norma que él mismo promovió y respaldó con su voto. Esta revelación surge a través de resoluciones judiciales y un escrito presentado por su abogado, Walter Pimentel Peralta, en un caso en el que se le acusa de presunta estafa.
La Ley 31751 introduce modificaciones en el Código Penal y el Código Procesal Penal, reduciendo la suspensión de la prescripción a un año. Esta disposición puede tener como resultado la impunidad en casos relevantes.
En el escrito presentado a un juez en julio, la defensa de Soto solicitó la aplicación retroactiva de esta ley para archivar el caso en su contra. A pesar de sus intentos de minimizar la acción de su abogado, Soto no logró desvincularse de esta situación.
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En una entrevista con Canal N, el presidente del Congreso se brefirió al uso de la Ley 31751 en su caso de presunta estafa, argumentando que no le beneficiaba y que su situación ya había sido resuelta en 2019.
Sin embargo, documentos demuestran que un juzgado de investigación preparatoria
ordenó la prescripción en 2019, pero esta decisión fue anulada posteriormente por una sala de apelaciones.
Además, resoluciones judiciales del 2023 también indican que la defensa de Soto solicitó
la aplicación de la Ley 31751. Esta contradicción entre las afirmaciones de Soto y los hechos documentados aumenta la complejidad de su situación legal. La empresa perjudicada por la presunta estafa ha reaccionado ante estos acontecimientos. A través de su abogado, el doctor Darwin Urquizo, anunciaron que buscarán que el congresista
pague una reparación civil de 300 mil soles.
En el contexto político, la situación de Soto plantea interrogantes sobre su ética y conducta como líder parlamentario. Aunque la Comisión de Ética había iniciado una investigación,
hasta ahora no se ha anunciado ninguna sanción. Además, la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales (SAC) tiene un caso pendiente contra él, lo que podría desencadenar un proceso de desafuero.
