Todas las pruebas

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Búnker de Pedro Castillo, calle Sarratea, en Breña
Búnker de Pedro Castillo, calle Sarratea, en Breña

Los fiscales del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo de la fiscal Karla Zecenarro Monge, ingresaron ayer a la casa de la calle Sarratea, en Breña, donde el presidente Pedro Castillo se alojó durante la campaña electoral y durante las primeras semanas de su Gobierno, para realizar una diligencia.

Fiscales llegaron hasta el búnker de Pedro Castillo para recoger toda la información de las cámaras de vigilancia

El fiscal adjunto provincial Jhon Tomasto Medrano, peritos y analistas de la Gerencia de Peritajes del Ministerio Público y agentes de la Dirección Contra Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú, se constituyeron al referido inmueble a fin de verificar y recabar información de las cámaras de videovigilancia y seguridad.

TODO POR EL CASO PROVIAS

De esta manera, los ciudadanos Segundo Sánchez Sánchez (propietario del inmueble), Ada Sánchez Saldaña (ocupante y madre de Segundo Sánchez) y Tania Peralta Sánchez (ocupante y hermana de Segundo Sánchez) deben entregar los videos originales sin editar, correspondientes al 19 de noviembre de 2021, que hayan registrado las cámaras de seguridad internas y externas del referido inmueble.

Este operativo se realiza como parte de las investigaciones que se llevan a cabo por el caso de presuntas irregularidades en el proceso de licitación No 01-2021-MTC712 “Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga – provincia de Mariscal Cáceres – Región San Martín”, por un monto ascendente a S/. 232 587 014.30 convocada por Provias Descentralizado y cuyo ganador resultó el Consorcio Puente Tarata III.

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Las investigaciones tienen la finalidad de determinar la existencia o no de causa probable de la comisión de los delitos que puedan haber cometido los investigados Karelim López y Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno. Además, de aquellos que resulten responsables, en los que podrían estar involucrados funcionarios de Provías Descentralizado y otros particulares representantes del consorcio Puente Tarata III.