El pasado jueves, el Poder Judicial emitió una orden de 30 meses de prisión preventiva contra Sada Goray, Mauricio Fernandini y otros involucrados en el presunto caso de corrupción que afecta al Fondo Mivivienda en Perú. A medida que se desarrolla el caso, nuevas revelaciones de colaboradores eficaces arrojan luz sobre cómo operaba la presunta red de corrupción y cuál era el destino de los recursos.
Sada Goray maneja su dinero por medio de empresas offshore fuera del país
Uno de los detalles más llamativos es la supuesta utilización de testaferros por parte de Sada Goray para manejar sus bienes y dinero. Según un colaborador eficaz identificado como número 9, su expareja, Sebastián Salem Sambuceti, habría actuado como testaferro, aportando la suma de 14 millones de soles para convertirse en accionista e inversionista de Alfin Banco, empresa relacionada con Goray.
Otro personaje involucrado en el entramado es Martín Montoya Marcilla, un empresario y amigo cercano de Goray. Según el informe, Montoya entregó 10 mil soles a Pilar Tijero, supuestamente provenientes del ‘Bono de éxito’, en nombre de la empresaria. También se menciona que Montoya habría entregado USD 250 mil en cheques como “préstamo” para los negocios de Goray, pero estos fondos habrían terminado en manos de Salatiel Marrufo.
En cuanto a Mauricio Fernandini, se afirma que habría recibido 150 mil soles y USD 80 mil en distintas ocasiones. Aunque su defensa legal admite su participación en lo que califica como “tráfico de influencias”, Fernandini niega haber cometido dicho delito. Según su versión, habría comprado dólares con ahorros propios y provenientes de alquileres.
La situación se complica por la ubicación actual de algunos de los involucrados. Martín Montoya Marcilla salió del país en julio y actualmente se encuentra en París, Francia. Por otro lado, Sada Goray, quien fue detenida en Israel, plantea dificultades para la notificación de medidas en su contra, al residir en el extranjero.
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El caso también ha involucrado a figuras políticas y funcionarios. La tercera vicepresidenta del Congreso, Roselli Amuruz, presentó una denuncia constitucional contra la congresista Digna Calle por supuesto abandono de cargo de funcionario público y abuso de autoridad. Calle, de Podemos Perú, ha sido cuestionada por su participación en el Congreso mientras enfrenta esta investigación.
La red de corrupción en el caso Mivivienda aún sigue bajo investigación y se espera que nuevas revelaciones arrojen más luz sobre los presuntos delitos cometidos por sus miembros y las implicaciones políticas que esto podría tener.
