FISCALÍA INICIÓ INVESTIGACIÓN POR MAL USO DE FRANJA ELECTORAL
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que se ha dispuesto el inicio de una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto desvío de recursos de la publicidad estatal en la franja electoral.
Gálvez detalló que la medida fue coordinada con la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y que la carpeta fiscal ya ha sido derivada a un despacho provincial para el inicio de las diligencias. Según explicó, la hipótesis fiscal apunta a delitos graves contra la administración pública.
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«Se advierte la presunta comisión del delito de peculado o eventual de colusión, porque ciertamente se trata de fondos públicos que tienen una finalidad. Si se está desviando de esa finalidad y, por el contrario, se están apropiando de esos fondos, obviamente hay indicios razonables de la comisión de un delito» La franja electoral permite que las organizaciones políticas accedan a publicidad en radio y televisión sin contratar directamente los espacios. El financiamiento proviene del presupuesto público y la ONPE administra la distribución. Por ello, cualquier irregularidad no solo compromete a las agrupaciones, también afecta la transparencia del proceso rumbo a las elecciones generales de 2026.
El anuncio ocurre en medio de cuestionamientos públicos sobre contratos de difusión que habrían concentrado montos elevados en determinados medios de comunicación por parte de los partidos País para Todos, Primero La Gente y Alianza para el Progreso.
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que se ha dispuesto el inicio de una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto desvío de recursos de la publicidad estatal en la franja electoral.
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Gálvez detalló que la medida fue coordinada con la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y que la carpeta fiscal ya ha sido derivada a un despacho provincial para el inicio de las diligencias. Según explicó, la hipótesis fiscal apunta a delitos graves contra la administración pública.
«Se advierte la presunta comisión del delito de peculado o eventual de colusión, porque ciertamente se trata de fondos públicos que tienen una finalidad. Si se está desviando de esa finalidad y, por el con
