La incertidumbre por el nuevo rumbo que tomará el Sistema Nacional de Pensiones, durante las últimas semanas ha generado mucha discusión en la opinión pública – en torno al sistema previsional – y se ha centrado en el futuro de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Esta opera con un fuerte déficit financiero, el cual requiere transferencias anuales del Estado equivalentes al 0,2% del PBI para completar el pago mensual a sus pensionistas.
El costo fiscal de mantener la ONP se compone de las transferencias para el pago de los actuales y futuros pensionistas. A ello se deben agregar los afiliados que no alcanzan los 20 años de aporte efectivo.
Así, el costo de mantener la ONP muestra una clara tendencia creciente a partir del 2040, el cual aumentaría de, aproximadamente, 0,6% del PBI en el 2040 a 1,2% del PBI en el 2063.
Además, considerando la pensión nula de miles de jubilados, la pensión promedio de los futuros jubilados sería de S/344 y, si se considera una pensión para aquellos afiliados con menos de 20 años de aporte efectivo, esta aumentaría hasta S/434.
En un escenario donde cierre la ONP, resulta clave la transferencia de los aportes de la ONP al nuevo esquema. En ese sentido, se ha propuesto un bono de cierre (BC), con un tope máximo de S/80 mil, que estaría en función del aporte previo a la ONP.
Por otra parte, ante el cierre de la ONP, el costo más importante es el pago de los actuales pensionistas, quienes se irían reduciendo en el tiempo. Sin embargo, los afiliados, sobre todo los más jóvenes, podrían acceder a una mayor pensión –en promedio, 43% mayor– a partir de la rentabilización de su fondo de pensiones. Ello se traduciría también en menores transferencias futuras del Estado.
Como alternativa al sistema actual de la ONP, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de transformarlo en una AFP pública. Si bien el paso a cuentas de capitalización individual es fundamental para la sostenibilidad, la alternativa no deja de tener complicaciones y riesgos.
En primer lugar, por el rol subsidiario del Estado en la economía establecido en la Constitución. Y, en segundo, por una eventual regulación o financiamiento –explícito o implícito– que permita a la AFP pública competir con ventaja frente a las privadas.
