¿Qué implica la declaratoria del estado de emergencia en Lima, Callao, Puno y Cusco?

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estado de emergencia
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El Gobierno de Dina Boluarte declaró por treinta días el estado de emergencia en diversas localidades del país, entre ellas los departamentos de Cusco, Lima, Puno y la provincia constitucional del Callao. La medida fue dispuesta debido a las protestas sociales que hasta el momento han dejado un saldo de 48 personas fallecidas y decenas de heridos.

Las autoridades tomaron esta decisión debido a las violentas manifestaciones 

La declaración del estado de emergencia abarca, además de a las jurisdicciones mencionadas, a la provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac; así como a las provincias de Tambopata y Tahuamanu, en Madre de Dios. De igual modo, se dispone la aplicación de dicho estado de excepción al distrito de Torata, en la provincia de Mariscal Nieto, del departamento de Moquegua.

Cabe precisar que Puno cumplirá hasta el 25 de enero de 2023 la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, desde las 20:00 a las 04:00 horas. En las protestas sociales que se realizan en 11 regiones del país, los ciudadanos piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria de una asamblea constituyente.

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IMPLICANCIAS

Heber Campos, abogado constitucionalista, precisó que el Estado de Emergencia implica el reconocimiento de un estado de excepción, que está reconocido en el artículo 137 de la Constitución Política.

“Esto tiene dos efectos prácticos. El primero es que se pueden restringir o limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales, entre ellos, básicamente el derecho a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito. Son los que en principio podrían suspenderse”, dijo.

“Otro efecto práctico que puede derivarse de este Estado de Emergencia es que el orden público podría eventualmente trasladarse de la Policía a las Fuerzas Armadas. Es decir, en la actualidad las Fuerzas Armadas no puede hacerse cargo del control del orden público y seguridad pública. Pero a partir del Estado de Emergencia eso puede variar”, explicó.