Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, prefiere cuidar el presupuesto del 2025 y hacer vista ciega a las leyes del congreso que afecta a la ciudadanía
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, cuyo mandato finaliza el próximo 31 de diciembre de 2024, ha mostrado poco entusiasmo ante los recientes pedidos de 10 jueces supremos, la Corte Superior de Justicia del Callao y la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) para convocar una Sala Plena Extraordinaria. Los magistrados solicitan una reunión urgente para analizar el impacto de las nuevas Leyes promovidas por el Ejecutivo y el Congreso, que modifican el Código Penal, el Código Procesal Penal y otras normativas clave, lo que podría afectar la independencia judicial y los derechos ciudadanos.
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A pesar de las demandas, Arévalo ha optado por la calma, indicando que recién convocaría la Sala Plena la próxima semana debido a temas de agenda, pidiendo además «prudencia» y «tolerancia» frente a las preocupaciones planteadas.
Controversia por las leyes aprobadas por el Congreso
Fuentes cercanas indican que Arévalo no considera que las leyes aprobadas por el Congreso sean perjudiciales y cree necesario mantener la prudencia para no comprometer el presupuesto del Poder Judicial para 2025, incluyendo los reajustes salariales para los empleados judiciales y administrativos.
Una frase atribuida al magistrado ha generado debate en las redes sociales: «No entiendo por qué algunas personas se oponen a sancionar a jueces y fiscales que liberan de manera irregular a delincuentes capturados en flagrancia. Las sanciones solo afectarán a los magistrados que incumplan deliberadamente con su deber«.
Arévalo, especialista en derecho laboral, recibió recientemente la Condecoración de la Orden del Trabajo en el grado de Gran Cruz por parte de la presidenta Dina Boluarte, reconociendo su aporte al desarrollo de esta rama del derecho en el país. Esto ha generado críticas por su supuesta falta de comprensión sobre los cambios procesales penales que impulsa el Congreso.
Reacciones de las Cortes Superiores de Justicia
Mientras tanto, los 10 jueces supremos que solicitaron la Sala Plena continúan insistiendo en que esta reunión se realice lo antes posible, con el objetivo de explicar los «perjuicios» que las nuevas leyes del Congreso tendrían para el sistema judicial y los derechos ciudadanos.
Por su parte, Cortes Superiores de Justicia de regiones como La Libertad, Cajamarca y Callao ya han convocado a Salas Plenas para analizar estas reformas legislativas. En Trujillo, la Corte de La Libertad advirtió sobre las graves consecuencias que tendrían las propuestas del Congreso si se aprueban, alertando sobre su impacto negativo en la independencia judicial y la separación de poderes.
Los jueces de Cajamarca también se pronunciaron, señalando que el problema de la inseguridad ciudadana es responsabilidad de diversas instituciones del Estado, principalmente del Poder Ejecutivo, y no exclusivamente del sistema judicial. Asimismo, rechazaron las leyes que buscan sancionar a jueces y fiscales por su actuación en casos de flagrancia delictiva, argumentando que estas medidas atentan contra la independencia de los órganos judiciales.
