Polémica ley del Congreso anularía fiscalización de ATU

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El Congreso de la República aprobó la ley que le brinda el poder al Ministerio de Transporte sobre la ATU para fiscalizar a taxis por aplicativo.

El problema de regulación de taxis por aplicación y colectivos informales no solo afecta el sistema de transporte del país, sino que también perjudica a los usuarios. El reciente proyecto de ley aprobado por el Pleno del Congreso, que excluye a la ATU de la fiscalización de conductores, ha generado más dudas que respuestas.

La Ley 842 establece que el Ministerio de Transportes y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital serán responsables de fiscalizar los taxis por aplicación. Especialistas advierten que esta decisión pone en riesgo la seguridad de millones de pasajeros, ya que podría facilitar la operación de vehículos informales disfrazados de taxis por aplicación.

Marybel Vidal, presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), señaló en el Primer Encuentro para Modernizar el Sistema Integrado de Transporte que esta nueva ley podría estancar el desarrollo del transporte. Vidal expresó su preocupación por la ley, calificándola de un retroceso que debilita la regulación y elimina la potestad fiscalizadora y sancionadora de organismos clave, contraviniendo el Reglamento Nacional de Tránsito y la Ley de creación de la ATU.

La falta de una definición clara de lo que constituye un “servicio privado de transporte especial” en la norma abre la puerta a la informalidad. Vidal destacó que la mayoría de los accidentes de tránsito están vinculados al transporte informal. Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, afirmó que la ley beneficiará a la informalidad y aumentará los índices de accidentes de tráfico.

El MTC no ejercería un control adecuado a taxis por aplicativo

Cynthia Yamamoto, cofundadora del colectivo peatonal ‘Peruanos de a Pie’, criticó que el proyecto no resuelve el problema del transporte en el país ni mejora la fiscalización. Yamamoto señaló que el MTC no tiene un control adecuado sobre el servicio por aplicación y que los conductores informales podrían evadir sanciones al catalogarse como taxis por aplicación.

El proyecto de ley ha generado más preguntas que respuestas y está siendo evaluado por el Poder Ejecutivo, que emitirá su decisión en un plazo no mayor a 90 días calendario.

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