El Poder Judicial declaró infundado el recurso de apelación presentado por la congresista María Agüero, de Perú Libre, quien buscaba anular o revocar la resolución emitida el 30 de octubre de 2024 por el juez supremo Juan Carlos Checkley.
Dicha resolución autorizó el descerraje, allanamiento y registro de su domicilio y vehículo, así como la incautación de bienes y el levantamiento del secreto de sus comunicaciones en el marco de una investigación en curso.
La defensa de la legisladora argumentó que la medida vulnera el debido proceso y principios como la igualdad de armas, legalidad procesal y proporcionalidad.
Según su alegato, la resolución carece de una justificación adecuada, ya que permitió las acciones restrictivas sin garantizar la asignación de defensores públicos, tal como lo establece el Código Procesal Penal tras su modificación mediante la Ley 32130.
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María Agüero enfrenta una investigación por presuntamente recortar los salarios de al menos 12 empleados de su despacho y otras áreas bajo su dirección.
