Alianzas que pueden ser claves. La Fiscalía y la Procuraduría General se unieron para solicitar que la denuncia constitucional presentada contra el presidente Pedro Castillo no sea anulada.
Fiscalía y Procuraduría indicaron que dicha acusación debe ser resuelta por el Congreso
Según coincidieron, la acusación deberá ser resuelta por el Congreso y no por otro ente.
Por ello, durante la audiencia de tutela de derechos realizada ayer ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, los representantes de ambas instituciones solicitaron que se rechace el pedido del mandatario para anular la denuncia constitucional.
La tutela fue sustentada por Benji Espinoza, abogado de Castillo, quien solicitó anular esa denuncia, puesto que, a través de ella, se estaba pidiendo al Parlamento acusar constitucionalmente al jefe del Estado y, por tanto, se había desacatado una orden judicial.
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Sin embargo, el fiscal supremo adjunto Marco Huamán aclaró que la denuncia constitucional es un “acto postulatorio” que realizaron al Congreso como parte de sus atribuciones. Esto, agregó, dentro de una etapa previa a un proceso que se iniciará en el Parlamento.
“Siendo así, la postulación de esta denuncia constitucional constituye un acto procesal plenamente válido y guarda estricta correspondencia con la atribución constitucional del Ministerio Público”, dijo.
Por tanto, concluyó, no existe razón que posibilite la nulidad de la denuncia constitucional.
A su turno, la procuradora Lilia del Río Farro remarcó que la denuncia constitucional –a la fecha– ni siquiera ha superado el control de admisibilidad en el Congreso; y por tanto no existe acto lesivo en contra de Castillo.
Además, dijo que el análisis del procesamiento o no de la denuncia bajo estándares nacionales e internacionales corresponderá al Congreso. “No es un acto que va a realizar el Ministerio Público; el Congreso deberá evaluar si corresponde o no su aplicación”, dijo.
