La Procuraduría General del Estado (PGE) ha instado al Poder Judicial a que la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, indemnice al Estado peruano con la suma de 200,000 soles como reparación civil. Esta petición se incluyó en una solicitud presentada por la defensa legal del Estado ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, con el propósito de convertirse en «actor civil» o «parte perjudicada» en la investigación preliminar contra la exjefa del Ministerio Público.
Ávalos está siendo investigada por haber suspendido las pesquisas que su oficina había iniciado contra el entonces presidente Pedro Castillo en los casos de ascensos militares, Puente Tarata y Petroperú, hasta el final de su mandato en julio de 2026, basándose en la interpretación del artículo 117 de la Constitución.
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Este episodio llevó al Congreso a aprobar, el 21 de junio, la inhabilitación de Zoraida Ávalos para ejercer cargos públicos durante cinco años, debido a una presunta violación constitucional relacionada con este asunto.
En una audiencia virtual, el procurador adjunto Joel Córdova Rojas rechazó la oposición presentada por la defensa legal de la exfiscal de la Nación al pedido de su institución de ser incorporada como parte civil en la investigación preliminar.
