Juan Carlos Checkley, juez supremo de investigación preparatoria, señaló que esta suma “no tendría relevancia significativa” en el delito de rebelión o conspiración que se le imputa a Castillo
El Poder Judicial desestimó la tesis presentada por la fiscalía con respecto al dinero incautado al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) después de los eventos de diciembre de 2022, que culminaron en su destitución y posterior reclusión en el penal de Barbadillo. Castillo enfrenta actualmente 18 meses de prisión preventiva por cargos de rebelión y otros 36 meses por corrupción.
El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, ha declarado infundado el argumento presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. Esta fiscalía alegó que los 1,700 soles en posesión del exmandatario iban destinados a financiar su decisión de cerrar el Congreso, gobernar por decreto y intervenir en la Judicatura.
El magistrado determinó que, hasta el momento de la investigación, no se ha encontrado evidencia que respalde la afirmación de que la suma de 1,700 soles estuviera destinada para los fines mencionados. En la resolución, se señala que esta cantidad no tendría una relevancia significativa en el contexto del delito que se imputa, como rebelión o conspiración, ya que estos delitos por su naturaleza involucrarían recursos de mayor valor.
“En ese sentido, los 17 billetes de cien soles cada uno incautados, en consideración de este Juzgado, no tienen relación con la investigación seguida contra [Pedro] Castillo, por lo que la solicitud de confirmatoria de incautación debe ser desestimada”, continúa el texto.
El juez Checkley destacó que la incautación del dinero se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2022, pero el Ministerio Público solicitó la confirmación de la medida más de ocho meses después, el 17 de agosto pasado. Según el magistrado, este período de tiempo se considera excesivo en el proceso, lo que podría haber influido en su decisión de desestimar la tesis fiscal relacionada con esos fondos.
Pedro Castillo continúa en prisión desde su intento fallido de autogolpe y desde que se dictara una primera orden de prisión preventiva en su contra el 16 de diciembre. Posteriormente, se presentó un segundo pedido de prisión preventiva por parte de la fiscalía, alegando que durante su mandato presidencial, Castillo habría liderado una supuesta organización criminal involucrada en la obtención de dinero a cambio de licitaciones fraudulentas en proyectos de obras públicas.
La investigación formal se inició después de que el Congreso aprobara el informe final de una denuncia constitucional presentada contra el exmandatario, lo cual fue un paso necesario para remover la inmunidad que tenía. La denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación y aprobada por el Legislativo, recomendaba acusar a Pedro Castillo por cargos que incluyen organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.
El expediente de la investigación está relacionado con presuntas irregularidades que se habrían encontrado en las obras del Puente Tarata II, ubicado en San Martín, así como en otros casos de presunta corrupción que involucran a la empresa pública Petroperú y al Ministerio de Vivienda. Estos casos abarcan una serie de supuestas actividades ilegales y han llevado a las acusaciones de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión contra Pedro Castillo.
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