También del destrabe de grandes obras y de la seguridad ciudadana, afirma jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola
El titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, resaltó el día de ayer que el año 2024 marcará el inicio de la revitalización de la economía, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la resolución de los obstáculos que afectan la ejecución de importantes proyectos necesarios para el país.
“El 2024 será el año de la recuperación económica. Hemos tenido un año muy difícil, pero nos mantuvimos firmes en la conducción del país. El Banco Central de Reserva ha dicho que recuperaremos el producto bruto interno (PBI) a más del 3%”, precisó.
Hizo referencia al inicio del Plan Unidos, al aumento de empleo formal, a la operación completa de la nueva refinería de Talara, así como a la superación de obstáculos en el proyecto Alto Piura y al establecimiento del Organismo de Estudios y Proyectos de Inversión.
Subrayó que el año 2023 estuvo marcado por desafíos, pero se implementaron diversas acciones destinadas a la población más vulnerable, con el objetivo de disminuir disparidades y mejorar las condiciones de vida.
Seguridad ciudadana
Otárola afirmó que el Gobierno ha ordenado un aumento en la presencia policial en todo el país, con la finalidad de que participen en operativos de patrullaje integrado en colaboración con los municipios, acercándose así más a la comunidad.
Destacó que durante este año se estableció un marco legal integral para mejorar la actuación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y permitir que esta pueda investigar directamente los delitos en situaciones en las que esté en peligro la integridad de las personas, informando de inmediato a la fiscalía correspondiente.
“Ahora la Policía Nacional podrá intervenir en hechos graves, como casos de violencia sexual, para investigar y dar cuenta al fiscal. Los agentes tienen como propósito fundamental garantizar y mantener el orden interno de acuerdo con la Constitución”, aseguró.
Enfatizó que la salvaguarda de la ciudadanía y la lucha contra la delincuencia organizada y el sicariato son prioridades en la agenda de la presidenta Dina Boluarte y de su administración.
También abordó la problemática del robo de celulares, señalando que se llevarán a cabo operativos cada 15 días en lugares identificados como puntos de comercialización de dispositivos robados.
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Además, hizo referencia a la implementación de la central de emergencias 911, la asignación de 500 vehículos de patrulla y el aumento del presupuesto destinado a mantener el orden y reforzar la seguridad.
Anunció que las posibilidades de que el Perú experimente un Fenómeno El Niño (FEN) moderado han disminuido del 57% al 37%, según las proyecciones del Enfen, lo que representa una noticia alentadora. Sin embargo, se mantiene la vigilancia con respecto a este fenómeno climático.
“Nos preparamos para enfrentar a El Niño. Tenemos cerca de 800 maquinarias listas que se utilizan en descolmatación, invertimos más de 7,000 millones de soles y trabajamos con las autoridades regionales y locales”, puntualizó.
Gabinete Binacional Perú-Chile
El Gobierno ha declarado de interés nacional el Encuentro Presidencial y Quinto Gabinete Binacional de Ministros entre Perú y Chile, programado para el año 2024 en nuestro país. La medida fue oficializada a través de la Resolución Suprema N° 216-2023-RE, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Se especifica que para este evento se aplicará el procedimiento especial de contratación establecido en la Ley N° 30154, que regula el procedimiento especial de contratación para la realización en el Perú de transmisiones del mando supremo y cumbres internacionales declaradas de interés nacional, así como sus eventos asociados.
Adicionalmente, la implementación de esta declaración de interés nacional será financiada con los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin requerir recursos adicionales del tesoro público y de acuerdo con las normativas legales vigentes.
La Resolución Suprema lleva la firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y del ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea.
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