Nueva ley protege a usuarios de cobros excesivos de agua

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La Ley Nº 32262 permite a los usuarios reclamar facturaciones basadas en el consumo histórico ante lecturas atípicas, sin necesidad de pagar primero.

El Congreso de la República promulgó este jueves la Ley Nº 32262, que protege a los usuarios de cobros excesivos en el suministro de agua potable debido a lecturas atípicas.

La norma, publicada en El Peruano, establece que los usuarios residenciales tienen derecho a recibir facturaciones basadas en su consumo histórico cuando no existan fugas comprobadas, sin límites de eventos durante un período de 12 meses.

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Esta ley fue ratificada por insistencia el 13 de marzo, tras ser observada inicialmente por el Ejecutivo.

Durante el debate, el congresista Segundo Quiroz (BMCN) destacó que la norma busca evitar abusos y garantizar un cobro justo y real.

«No podemos permitir que los usuarios paguen primero y reclamen después», afirmó.

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) tiene un plazo de 60 días para adecuar el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento.

Esta medida busca proteger a los consumidores de facturas infladas y fomentar la transparencia en el cobro del servicio de agua potable.

La norma, firmada por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y la primera vicepresidenta, Patricia Juárez, representa un avance significativo en la defensa de los derechos de los usuarios.

Con esta ley, los peruanos podrán reclamar facturaciones justas sin enfrentar procesos burocráticos complejos o pagos injustificados.

Esta iniciativa no solo beneficia a los usuarios, sino que también promueve una gestión más eficiente y transparente por parte de las empresas proveedoras de agua.

Con la implementación de esta ley, se espera reducir los reclamos y mejorar la confianza de los ciudadanos en los servicios públicos.

La promulgación de esta norma marca un hito en la protección de los derechos de los consumidores y refuerza el compromiso del Estado con la justicia y la equidad en el acceso a servicios básicos.