La tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosselli Amuruz, planteó una moción de orden del día en la que insta a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a evaluar la suspensión del pago anual del Estado al fondo regular de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Amuruz argumenta que algunas ONGs, bajo la premisa de defender los derechos humanos, protegen a individuos terroristas y corruptos, lo que debilita al Estado y socava la democracia. Considera injusto que el Estado otorgue casi un millón de dólares anuales a la OEA, especialmente cuando organismos como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Corte IDH) emiten fallos arbitrarios que abren la puerta a juicios y compensaciones a terroristas.
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Amuruz también solicita un consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para regular el procedimiento de selección de jueces y comisionados ante la OEA. En su propuesta legislativa, sugiere que se involucre a diversos representantes, como la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y la Junta de Fiscales Supremos. Además, aboga por la neutralidad en el financiamiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH) y una reestructuración de los acuerdos en la Asamblea General de la OEA.
